El llamado “plan B” de la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar el calendario político del país, adelantando a 2027 la consulta de Revocación de Mandato y posponiendo hasta 2028 la segunda elección de jueces. La iniciativa propone que este ejercicio ciudadano se lleve a cabo durante el tercer o cuarto año de gobierno y que coincida con la jornada electoral de junio de 2027, en la que se renovarán diputaciones federales, gubernaturas y diversos cargos locales en gran parte del territorio. No obstante, la propuesta generó posturas encontradas dentro del propio bloque oficialista. Partidos como el PT y el PVEM señalaron que realizar ambos procesos el mismo día podría beneficiar a Morena, por lo que sugieren separar la consulta y llevarla a cabo en otra fecha. En paralelo, el Gobierno federal también evalúa retrasar hasta 2028 la elección de aproximadamente 850 jueces, debido a la complejidad operativa que implicarían los comicios de 2027. Cualquier modificación deberá concretarse antes del arranque formal del proceso electoral. La revocación de mandato es una figura constitucional de democracia participativa incorporada recientemente al sistema jurídico nacional, mediante la cual la ciudadanía puede decidir si una persona elegida por voto popular debe concluir de forma anticipada el cargo que ocupa. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia constitucional del país, ya que por primera vez la población tiene la posibilidad de determinar en las urnas si el titular del Poder Ejecutivo federal debe o no finalizar su mandato antes del periodo establecido, ampliando así los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública. El periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México comenzó el 1 de octubre de 2024 y finalizará el 30 de septiembre de 2030, conforme al mandato constitucional de seis años. Este calendario responde a reformas constitucionales que modificaron la fecha de toma de posesión, pasando del 1 de diciembre al 1 de octubre. Dichos cambios entraron en vigor en 2018, por lo que el sexenio anterior concluyó el 30 de septiembre de 2024. Asimismo, la legislación establece que el día en que inicia funciones la persona titular del Ejecutivo federal se considera de descanso obligatorio en México.