El deslumbrante y nuevo rascacielos de vigilancia se alza sobre la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, diseñado como un símbolo de una colaboración más profunda contra los grupos criminales cuyas actividades provocan la muerte de decenas de miles de personas cada año.
Este verano, los albañiles le daban los últimos toques a la Torre Centinela, la cual busca centralizar al personal y la recolección de inteligencia del estado de Chihuahua en un esfuerzo de alta tecnología para proteger el comercio y reducir las altísimas tasas de homicidios.
Su piso 18 será un centro de “fusión de inteligencia”, que incluye una sala de crisis donde representantes de gobiernos extranjeros podrán trabajar junto a la policía estatal. Mientras se construía la torre, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunió con varias agencias estadounidenses y afirmó que el proyecto permitiría compartir información en tiempo real entre ambos países.
Sin embargo, en lugar de eso, la torre atestigua crecientes tensiones tanto entre ambas naciones como entre los principales partidos políticos de México sobre cómo combatir a los cárteles que dominan grandes partes del territorio nacional.
Aunque oficiales de seguridad ya comenzaron a trabajar en la torre, los vecinos señalan que apenas es el comienzo. “Juárez no tiene muchos edificios altos, se ve bien y todo... es un buen esfuerzo, pero no alcanza”, comentó un comerciante local. “El crimen organizado sigue teniendo mucho poder”.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha adoptado una postura cada vez más antagónica ante los señalamientos de complicidad entre políticos y bandas del narcotráfico, mientras que dentro de México existe división sobre qué tanta facultad debe dársele a los estadounidenses para actuar contra los narcos en suelo patrio.
El estado de Chihuahua, donde operan las redes del Cártel de Sinaloa y otros grupos para cruzar droga a EE.UU., además de bandas menores que se disputan el mercado local, está gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), de oposición, el cual respalda una cooperación más estrecha con Washington.
“Desde la Ciudad de México no se ve a Estados Unidos. Nosotros los vemos todos los días”, afirmó Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua. “No los vemos como imperialistas, los vemos como socios comerciales”.
En cambio, en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum pasó de buscar lazos más estrechos con Trump a adoptar una postura más antagónica luego de que la justicia estadounidense presentara cargos por narcotráfico contra un gobernador mexicano en funciones el pasado mes de abril, lo que abrió la posibilidad de que más políticos enfrenten acusaciones similares.
Ese mismo mes, un accidente automovilístico en la región serrana de Chihuahua cobró la vida de dos agentes encubiertos de EE.UU., dejando al descubierto las operaciones encubiertas antinarcóticos que realizaban en territorio mexicano.
“Podemos coordinarnos y colaborar, pero no puede haber operaciones conjuntas en campo porque para eso están las autoridades mexicanas”, declaró Sheinbaum en mayo. “Ningún gobierno extranjero puede actuar en México al margen de la ley”.
A lo largo de Latinoamérica, Trump ha presionado por una mayor presencia militar de EE. UU. en la lucha contra la delincuencia.
Aunque la población mexicana exige frenar la violencia ligada al narcotráfico —que ha dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos—, una intervención directa de EE.UU. representa un tema sumamente delicado en lo político para un país que ha sufrido tres invasiones estadounidenses y perdió la mitad de su territorio en el siglo XIX. Muy pocos políticos respaldan abiertamente la presencia de agentes estadounidenses operando en el país.
El antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, pasó seis años acotando la cooperación con EE.UU. en el combate al narco. Aunque Sheinbaum recurre a un discurso soberanista similar, en la práctica, su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha recibido fuertes elogios de funcionarios estadounidenses por su amplia colaboración.
Esa estrategia parece haber dado algunos frutos. La cifra combinada de homicidios y desapariciones en México ha disminuido desde que asumió el cargo, y a principios de este año sus fuerzas abatieron al narcotraficante más buscado del país, Nemesio “El Mencho” Oseguera, utilizando inteligencia proporcionada por EE. UU.
No obstante, esto no ha dejado satisfecho a Trump, quien ha amenazado reiteradamente con acciones militares unilaterales contra los cárteles —a los que ha designado como grupos terroristas—, al tiempo que frena la renovación del tratado de libre comercio de Norteamérica.
En abril, EE. UU. sacudió a la clase política mexicana al imputar por narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante de Morena (el partido de Sheinbaum). Rocha Moya ha negado los cargos y Sheinbaum se ha negado a entregarlo en extradición.
La presión de Washington aumentó este mes con la cancelación de la visa a un hijo del expresidente López Obrador, considerado el líder fundador del partido oficialista.
En ambos casos, Sheinbaum reaccionó señalando que se trata de decisiones con trasfondo político orientadas a golpear a su partido de izquierda. Sus aliados han destacado el respaldo explícito de Trump a candidatos de derecha en otros países.
Por su parte, funcionarios estadounidenses han sostenido que la visa es un privilegio y no un derecho, y que cada determinación responde a criterios de seguridad nacional.
La oposición ha aprovechado la coyuntura para calificar a Morena de “narcopartido” y sostener que la negativa de Sheinbaum a extraditar al gobernador busca encubrir a otros compañeros de partido vinculados con el crimen organizado.
“Le estamos mandando un mensaje equivocado al mundo sobre lo que es México”, lamentó Loya, el jefe de seguridad de Chihuahua. “Da la impresión de que México es un país que protege a los narcos”.
Por su lado, Sheinbaum acusó al gobierno panista de Chihuahua de poner en riesgo la seguridad nacional al permitir que agentes estadounidenses —presuntamente de la CIA— participaran en un operativo sin autorización federal. Dos de ellos fallecieron en un accidente vial cuando regresaban de asegurar un enorme laboratorio de droga en la sierra.
“¿Cómo se dicen patriotas si invitan a una agencia de Estados Unidos, violando la ley, a hacer operativos?”, cuestionó respecto al PAN. “Son unos entreguistas”.
“Yo soy nacionalista... pero una ayuda no le cae mal a nadie”, concluyó. “Estamos peleando contra el mismo enemigo”.
Sheinbaum ha negado rotundamente que su administración proteja o esté coludida con figura alguna del narcotráfico.
Loya lamentó que el escándalo termine entorpeciendo la colaboración. Su intención era integrar a representantes de países como El Salvador y Colombia para trabajar junto a la policía mexicana en la Torre Centinela, pero cualquier presencia extranjera requiere el aval del gobierno federal.
El plan de incorporar agentes extranjeros “ha sido duramente criticado tras lo ocurrido (con los agentes de EE.UU.) en la sierra”, admitió Loya. “Hoy que el delito se ha globalizado, no es un tema que se limite a una sola región”.
Los intentos de Sheinbaum por redirigir los señalamientos hacia el PAN no han calmado la inquietud entre los legisladores de Morena ante posibles acciones de EE.UU. Un número no precisado de políticos ha perdido su visa como parte de una estrategia aplicada de forma más amplia por la administración Trump.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau —quien fuera embajador en México—, ha presumido el apodo de “el quitavisas”.
“¿Están disfrutando el show? Traigan más palomitas... esta parte les va a encantar”, publicó al día siguiente de que el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, diera a conocer que le habían retirado el visado.
Un legislador de Morena comentó que varios están revisando con nerviosismo sus correos electrónicos por temor a recibir la notificación de cancelación de sus visas. “Todos estamos teniendo mucho más cuidado” con quién nos relacionamos, confesó.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que la dinámica actual de confrontación resulta destructiva.
“Ya llegamos al límite, hay que parar, hacer una pausa y decir: ‘vamos a empezar de nuevo’”, consideró. “Esto solo nos está distanciando”.
El laboratorio asegurado durante el operativo de abril en Chihuahua contenía más de 50 toneladas de precursores y sustancias químicas esenciales, que frecuentemente provienen de China e India a través de los puertos mexicanos.
Loya remató señalando que México no puede combatir solo un negocio internacional tan complejo.
“Yo soy nacionalista... pero una ayuda no le cae mal a nadie”, concluyó. “Estamos peleando contra el mismo enemigo”.