La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un recurso para revisar la constitucionalidad de la reforma de 2025 que estableció la CURP con datos biométricos como documento nacional de identificación obligatorio.
El caso surgió de una impugnación presentada por dos familias del Estado de México.
El origen de la controversia
Todo comenzó con un amparo contra la reforma publicada en julio de 2025, que modificó la Ley General de Población y otras disposiciones. El cambio incorporó la CURP con fotografía y huellas digitales como instrumento de identificación nacional.
La reforma también contempla transferir los datos biométricos al Registro Nacional de Población (RENAPO), aunque solo con autorización previa del titular de la información.
La polémica surgió por el posible carácter obligatorio de este documento en trámites públicos y privados. Algunos tribunales lo han interpretado como un factor que podría afectar el acceso a servicios y la validación de identidad.
Aunque el Gobierno federal ha dicho que la CURP biométrica no sería obligatoria de forma inmediata, distintos juzgados han analizado su alcance legal desde que entró en vigor.
De hecho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Toluca ya determinó que existe interés legítimo para impugnar la reforma. Su argumento fue que la sola vigencia de la norma puede generar efectos jurídicos relevantes, ya que podría convertirse en un requisito generalizado para trámites, lo que en la práctica equivaldría a hacerla obligatoria.
Plazos vencidos y dudas sobre los datos personales
La reforma fijó plazos de 90 y 120 días para crear la Plataforma Única de Identidad (PUI) y para integrarla con los sistemas del RENAPO. Ambos plazos habrían vencido en noviembre del año pasado.
Hasta ahora, no se ha informado oficialmente cuántas personas están registradas en el sistema biométrico.
A esto se suma otro punto de tensión: el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que no compartirá su base de datos biométricos con el RENAPO, lo que se ha convertido en uno de los principales temas de debate sobre la implementación del sistema.
El caso fue turnado a la ministra Lenia Batres, quien será la encargada de elaborar el proyecto de resolución que después discutirá el pleno de la Corte.
