La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, validó la reforma que eliminó diversos fideicomisos y fondos públicos, marcando un cambio estructural en la forma en que el Estado mexicano administra recursos. La decisión, tomada al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 303/2020, respalda la facultad del Congreso para redefinir estos mecanismos financieros. El fallo de la SCJN concluye que la desaparición de estos instrumentos no implica, por sí misma, una vulneración a derechos fundamentales, sino una reconfiguración administrativa. En palabras del propio tribunal, “la eliminación de fideicomisos y la modificación de fondos no implican, por sí mismas, una afectación a derechos fundamentales”. El máximo tribunal del país determinó que no hubo irregularidades en el proceso legislativo que derivó en la eliminación de estos instrumentos. De acuerdo con la resolución, “no se acreditaron violaciones con potencial invalidante en el proceso legislativo”. La SCJN subrayó que los fideicomisos eran herramientas auxiliares del Ejecutivo, no estructuras indispensables. Por ello, sostuvo que “los fondos y fideicomisos son mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio de sus atribuciones”. Uno de los argumentos centrales de la Suprema Corte fue que la reforma busca mejorar el uso de los recursos públicos. En ese sentido, el tribunal reafirmó que en materia presupuestaria no se exige una justificación extraordinaria, sino criterios razonables. Así, estableció que “en materia de gasto público, basta con que las decisiones sean razonables”. Aunque algunos fideicomisos estaban vinculados con derechos sociales, la SCJN fue clara en que su desaparición no libera al Estado de sus responsabilidades. Señaló que “el Estado mantiene la obligación de garantizarlos, ahora a través de los mecanismos presupuestarios ordinarios”. Finalmente, la Suprema Corte estableció un criterio clave: las políticas de austeridad no son absolutas. Indicó que “las medidas de austeridad, como la eliminación de fideicomisos, deben respetar los derechos humanos y el principio de progresividad”. Con esta resolución, la SCJN no solo valida una de las reformas más relevantes en materia de gasto público reciente, sino que también redefine los límites entre eficiencia administrativa y protección de derechos en México.