La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, confirmó la validez del delito que castiga a quienes obtienen beneficios derivados de la explotación sexual ajena, en una resolución que endurece el combate contra redes de trata y explotación de mujeres vulnerables. El Máximo Tribunal sostuvo que el término “beneficio” permite identificar “con claridad la conducta que se sanciona”. En línea con lo anterior, la Suprema Corte dio un fallo histórico el cual derivó del caso de una mujer condenada por explotar sexualmente a extranjeras en condición vulnerable. La SCJN concluyó que existían pruebas suficientes para acreditar que la responsable “participaba activamente en la administración de inmuebles”, además de imponer reglas, restringir movilidad y utilizar amenazas migratorias como mecanismo de control. El Pleno validó el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que sanciona el “beneficio de la explotación sexual ajena remunerada”. La resolución establece que quienes lucren con prostitución forzada, pornografía o turismo sexual pueden ser castigados penalmente. La SCJN destacó que en delitos de trata el análisis judicial debe realizarse “con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”, tomando en cuenta las condiciones específicas de vulnerabilidad de cada víctima. Para la Sumprema Corte, esto permite identificar con mayor precisión las formas de coerción, sometimiento y explotación. Aunque confirmó la responsabilidad penal de la sentenciada respecto de dos víctimas, la Suprema Corte declaró inconstitucional aumentar automáticamente la pena por la agravante de “más de una víctima”. Según explicó el Tribunal, esa circunstancia ya forma parte del propio delito. La resolución advierte que aplicar una sanción extra por el mismo hecho constituye una “doble punición”, práctica prohibida por el artículo 23 de la Constitución mexicana. Por ello, el amparo fue concedido únicamente para que se emita una nueva sentencia sin esa agravante adicional. Pese a ello, la SCJN dejó firme la existencia del delito y reiteró que las autoridades judiciales tienen la obligación de “reconocer la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual”, fortaleciendo así la protección legal de las víctimas frente a redes de abuso y explotación.