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La Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio obligada a suspender la sesión plenaria programada para este lunes 19 de enero tras una intensa jornada de presión por parte de colectivos y organizaciones que defienden el derecho a la vivienda.
El motivo: un proyecto de la ministra María Estela Ríos González que pretendía validar el controvertido artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, norma que defensores de derechos humanos consideran una amenaza directa contra miles de familias que podrían enfrentar desalojos.
La jornada comenzó temprano frente al recinto de la Suprema Corte, donde decenas de activistas, personas desplazadas y miembros de organizaciones civiles se congregaron con una consigna clara: la discusión sobre el artículo 60 no puede realizarse a puerta cerrada, sin la voz de quienes sufrieron el despojo de sus hogares. La estrategia fue contundente: bloquear los accesos del edificio para impedir que la sesión avanzara según lo previsto.
La acción de protesta logró su objetivo inmediato. Trabajadores y personal administrativo de la Corte Suprema no pudieron ingresar al recinto, aunque los manifestantes permitieron el paso de ministras y ministros.
Una comisión representativa de los colectivos fue autorizada a ingresar al interior del edificio para establecer un diálogo con las autoridades judiciales, lo que provocó un retraso significativo en el inicio de la sesión plenaria y finalmente llevó a su postergación.
Movilización ciudadana detiene al máximo tribunal
El bloqueo no fue una acción aislada ni improvisada. Responde a años de lucha y resistencia de comunidades que vieron cómo la especulación inmobiliaria, los megaproyectos urbanos y las políticas de “renovación” de colonias tradicionales desplazaron a poblaciones enteras de sus barrios. Los colectivos presentes representan a una amplia red de organizaciones que documentaron casos de desalojos irregulares, intimidación a inquilinos y destrucción del tejido social de vecindarios históricos.
Entre las agrupaciones que encabezaron la movilización se encuentran el Frente Antigentrificación, el Frente por la Vivienda Joven, el Observatorio Vecinal Escandón, la Clínica Jurídica María Luisa Marín de la Universidad Iberoamericana y Habitat International Coalition–América Latina. Estas organizaciones trabajaron durante años en la defensa de comunidades amenazadas por procesos de gentrificación acelerada en zonas como la Roma, Condesa, Doctores, Escandón y otras colonias céntricas de la capital.
Los manifestantes convocaron a un mitin para el próximo lunes a las 08:00 horas frente a la Suprema Corte, reiterando su exigencia de que cualquier discusión sobre el artículo 60 se realice en audiencias públicas con participación efectiva de las personas afectadas por procesos de desalojo.
El artículo 60: siete años de controversia y resistencia
Para entender la magnitud de la preocupación de los colectivos, es necesario remontarse a 2019, año en que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías.
Aunque la ley en su conjunto contempla diversas protecciones para el derecho a la vivienda y establece que los desalojos deben realizarse únicamente con orden judicial, el artículo 60 introdujo modificaciones que, según expertos en derechos humanos, debilitaron garantías fundamentales.
Las modificaciones aprobadas en 2019 redujeron significativamente las garantías de audiencia y realojamiento para las personas sujetas a desalojo. Defensores de derechos humanos argumentan que la redacción del artículo permite interpretaciones que podrían facilitar abusos por parte de autoridades o particulares interesados en desplazar a comunidades de zonas con alto valor inmobiliario.
Desde su aprobación, el artículo 60 fue objeto de cuestionamientos constantes. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) fue una de las primeras instituciones en alzar la voz, promoviendo una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. El argumento central es que el legislativo local transgredió principios fundamentales de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.
El principio de progresividad establece que los derechos humanos deben ampliarse y fortalecerse con el tiempo, nunca restringirse. La no regresividad, por su parte, prohíbe que las autoridades eliminen o reduzcan protecciones ya conquistadas. Según la CDHCM, las modificaciones introducidas en 2019 al artículo 60 violaron ambos principios al reducir garantías que previamente existían para las personas en riesgo de desalojo.
Esta controversia jurídica llegó finalmente al Pleno de la Suprema Corte, donde la ministra María Estela Ríos González elaboró un proyecto que reconocía la validez del artículo 60. Para los colectivos y organizaciones, este proyecto representaba una amenaza concreta: si la Corte Suprema avalaba la norma cuestionada, se sentaría un precedente peligroso que podría facilitar oleadas de desalojos en toda la Ciudad de México.
