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El expresidente Donald Trump no descansará hastas cumplir uno de sus objetivos de campaña más polémicos, expulsar a los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El mandatario de los Estados Unidos busca revivir una controvertida ley del siglo XVIII para acelerar las deportaciones masivas de los migrantes que viven en EE.UU. La medida, basada en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, le otorgaría amplios poderes para expulsar a inmigrantes sin necesidad de un proceso judicial. ¿Donald Trump tiene el poder abosulto?
Según informó CNN, hay fuentes del gabinete de Trump que indicarón que la estrategia está en fase de discusión dentro de diversas agencias gubernamentales y su aplicación aún no tiene una fecha definida.
Sin embargo; el objetivo inmediato estaría puesto en el Tren de Aragua, una pandilla venezolana recientemente designada como organización terrorista extranjera, sobre quien caería todo el peseo de la ley.
Donald Trump se jactó en su campaña para 2024 que su plan es utilizar esta ley era para deportar a presuntos miembros de cárteles y pandillas que, según él, han tomado el control de ciudades estadounidenses como Aurora, Colorado.
Organismos internacionales y expertos en Políticas Públicas, ya se han pronunciado al respecto, resaltando que la implementación de esta medida generaría una de las mayores crisis migratorias en la historia reciente, ¿la razón? facilitaría la expulsión de inmigrantes sin el derecho a defenderse ante el sistema judicial de inmigración, el cual actualmente demora años en procesar casos.
Donald Trump no tiene la última palabra: estos son algunos obstáculos legales y políticos que enfrenta
Si bien la Ley de Enemigos Extranjeros le otorgaría a Trump un poder sin precedentes en materia migratoria, su implementación no sería sencilla. Expertos legales advierten que la medida enfrentaría un arduo proceso judicial, ya que su uso en tiempos de paz es altamente cuestionable. Además, cualquier intento de deportaciones masivas sin el debido proceso chocaría con las protecciones constitucionales y las normativas internacionales de derechos humanos.
A nivel político, el Congreso y la oposición demócrata podrían bloquear la iniciativa o al menos retrasarla con litigios y trabas burocráticas. También existen desafíos logísticos: Venezuela ha aceptado recibir de regreso a sus ciudadanos en vuelos limitados, pero la capacidad de deportación sigue siendo un problema. Otros países que tradicionalmente han acogido migrantes repatriados, como El Salvador, podrían resistirse a una medida de esta magnitud.
¿Cuál es el verdadero objetivo de Donald Trump con esta ley?
Más allá de la lucha contra el crimen organizado, el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a su estrategia electoral basada en una retórica antiinmigrante.
Durante su campaña, ha insistido en que el país enfrenta una "invasión" de extranjeros y ha prometido soluciones drásticas para satisfacer a su base de votantes más radicales. Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, busca consolidar su imagen de líder implacable en temas migratorios y diferenciarse de la administración Biden, a la que acusa de debilidad en el control fronterizo.
Sin embargo, el uso de esta ley sienta un peligroso precedente legal y político. Si se llegara a aplicar, significaría la eliminación de derechos básicos para los inmigrantes, abriendo la puerta a abusos y deportaciones arbitrarias. Aun así, Donald Trump apuesta a que la simple amenaza de implementar esta medida le garantice apoyo en su camino de regreso a la Casa Blanca.
