La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró uno de los capítulos más debatidos de la política pública reciente y declaró constitucional la eliminación de fideicomisos impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La decisión valida el rediseño del uso de recursos federales y respalda la facultad del Estado para modificar la forma en que administra fondos públicos, siempre bajo criterios de transparencia y eficiencia. Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 303/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la eliminación de fideicomisos no constituye, por sí misma, una violación a derechos. En su análisis, determinó que estos instrumentos operaban como mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo, por lo que su desaparición implica un cambio en la forma de administrar los recursos, pero no una afectación directa a los beneficiarios. Además, el tribunal consideró que el proceso legislativo se ajustó a los parámetros constitucionales y que las decisiones en materia de gasto público forman parte de las facultades del Congreso de la Unión. Con este fallo, se respalda la política de austeridad implementada en 2020, en un contexto atravesado por la emergencia sanitaria y la necesidad de reordenar el presupuesto federal. Uno de los puntos más relevantes de la resolución es que el Estado de México mantiene intacta su obligación de garantizar derechos, incluso sin la existencia de fideicomisos. La Suprema Corte subrayó que estos pueden seguir siendo protegidos mediante mecanismos presupuestarios tradicionales, sin depender de estructuras específicas como los fondos eliminados. En esa línea, también se hizo énfasis en que cualquier medida de ajuste debe respetar el principio de progresividad, evitando retrocesos en el acceso a derechos. Esto fija un límite claro para futuras decisiones: el rediseño del gasto público no puede traducirse en una reducción de las garantías para la población. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la iniciativa impulsada por Andrés Manuel López Obrador para reunir donaciones en apoyo a Cuba. La mandataria aseguró que los recursos serán fiscalizados bajo las mismas reglas que cualquier cuenta bancaria en México, descartando tratos especiales o excepciones. Según explicó, la organización encargada de la recaudación cuenta con autorización de la Secretaría de Hacienda para operar como donataria, lo que garantiza que el proceso se ajuste a la normativa vigente. Con este posicionamiento, el Gobierno de México busca reforzar su mensaje de control y transparencia en el manejo de fondos, en línea con los criterios respaldados por la Suprema Corte.