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En una decisión que marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico, el presidente Donald Trump declaró formalmente que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra los cárteles de la droga.
La determinación, comunicada esta semana, busca justificar legalmente una serie de bombardeos en el Caribe que dejaron por lo menos 17 muertos y desata un fuerte debate sobre los límites del poder presidencial.
La Casa Blanca sostiene que los cárteles constituyen "grupos armados no estatales" cuyas acciones representan un "ataque armado" contra territorio estadounidense, otorgando poderes extraordinarios equivalentes a los de una situación de guerra.
Sin embargo, legisladores de ambos partidos cuestionan la legalidad de esta estrategia y exigen que el mandatario solicite formalmente la autorización del Congreso antes de continuar con operaciones militares.
La escalada militar que sacude el Caribe
Estados Unidos desplegó un impresionante arsenal en aguas del Caribe: ocho buques de guerra, un submarino nuclear de ataque rápido, cazas F-35B de última generación estacionados en Puerto Rico y más de 4.500 efectivos militares. El despliegue responde a lo que la Administración de Donald Trump califica como una amenaza existencial para la seguridad nacional.
El mes pasado, fuerzas estadounidenses ejecutaron por lo menos tres ataques aéreos contra embarcaciones en el mar Caribe, causando 17 muertes.
Al menos dos de esas operaciones se realizaron contra naves procedentes de Venezuela. Donald Trump afirmó que las lanchas transportaban drogas y estaban operadas por organizaciones criminales como el Tren de Aragua, aunque no se presentaron evidencias públicas que lo confirmen.
La magnitud del operativo marca un cambio radical en la estrategia antinarcóticos. Ya no se trata solo de interceptaciones navales o cooperación policial: Estados Unidos ahora reclama el derecho de atacar objetivos que considera terroristas, aplicando reglas del derecho de los conflictos armados.
Venezuela en el centro de la tormenta
El Gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Washington como una organización terrorista presuntamente ligada con el narcotráfico, acusaciones que Caracas rechaza categóricamente.
La situación plantea interrogantes geopolíticos complejos: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump en su confrontación con Venezuela? ¿Podría Estados Unidos realizar ataques en territorio venezolano bajo esta nueva doctrina? La falta de claridad en el memorando enviado sobre qué organizaciones específicas son consideradas objetivos militares alimenta la incertidumbre.
La controversia legal que divide al Congreso
Varios legisladores tanto republicanos como demócratas, así como grupos de defensa de los derechos civiles, cuestionaron la legalidad de estos ataques durante septiembre. Al declarar un "conflicto armado", Donald Trump estaría intentando atribuirse poderes extraordinarios que se otorgan al ejecutivo en situaciones de guerra, aparentemente para justificar sus acciones.
El senador Jack Reed, principal demócrata en la Comisión de Asuntos sobre las Fuerzas Armadas, reconoció que los cárteles son "despreciables", pero advirtió que "el Gobierno de Trump no ha ofrecido justificación legal creíble ni evidencia ni informes de inteligencia que respalden estos ataques".
El núcleo del debate es constitucional: solo el Congreso tiene la facultad de declarar formalmente una guerra. Donald Trump está obligado a notificar operaciones militares, pero muchos legisladores consideran que bombardear embarcaciones y causar decenas de muertes va más allá de una simple notificación y requiere autorización explícita.
¿Una estrategia efectiva contra el fentanilo?
La Casa Blanca justifica esta escalada militar como necesaria para frenar la crisis de sobredosis por fentanilo que cobra miles de vidas estadounidenses cada año. Sin embargo, informes especializados de agencias federales indican que la mayoría del fentanilo que consumen los estadounidenses proviene de grupos que operan desde México o China, no de Venezuela, de donde se originaron las lanchas atacadas. Esta contradicción plantea serias dudas sobre la eficacia de la estrategia.
