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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en mayo de 2026 que enviará al Congreso una reforma constitucional para mover la segunda elección popular del Poder Judicial de 2027 a 2028. La decisión responde a las advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la imposibilidad operativa de organizar dos procesos simultáneos de esa magnitud. El calendario original, heredado de la reforma judicial de 2024, obligaba a renovar la mitad restante de jueces y magistrados el mismo año en que se eligen 17 gobernadores, la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos.
El anuncio se produjo durante la conferencia matutina del 18 de mayo, donde Sheinbaum explicó que el criterio principal no es el costo sino la facilidad para votar. Según la mandataria, concentrar decenas de boletas en una sola jornada confundiría al electorado y saturaría la capacidad instalada del INE. La iniciativa, entregada a la Comisión Permanente el 21 de mayo, plantea celebrar la votación judicial el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local.
Por qué Claudia Sheinbaum aplaza la elección judicial a 2028
El aplazamiento de la elección judicial busca resolver los problemas que reveló el primer ejercicio de 2025: boletas excesivamente largas, baja participación ciudadana y comisiones de evaluación que no filtraron perfiles con experiencia jurídica suficiente. El diagnóstico compartido por el oficialismo y el INE señala que repetir el modelo en 2027, sumado a las elecciones intermedias, provocaría un colapso electoral sin precedentes.
La reforma incluye tres ejes adicionales: simplificar la boleta reduciendo el número de candidaturas, endurecer los requisitos de los aspirantes mediante un examen de admisión y crear una Comisión Coordinadora que decida quién cumple los requisitos para aparecer en la papeleta. Estos cambios pretenden corregir los defectos de diseño de la reforma original sin alterar su mandato central de elegir juzgadores por voto popular.
¿Qué cambia para los ciudadanos y el Poder Judicial?
Para los votantes, la medida implica acudir a las urnas en dos años consecutivos: 2027 para cargos legislativos y ejecutivos, y 2028 exclusivamente para el Poder Judicial. La separación evita la confusión de una mega-boleta única, pero duplica la movilización ciudadana. El INE deberá diseñar dos operativos logísticos distintos, aunque con más tiempo de preparación para el segundo.
Para el Poder Judicial, el aplazamiento extiende un año el mandato de los jueces y magistrados que debían ser renovados en 2027. Expertos constitucionales advierten que la nueva Comisión Coordinadora y el examen de admisión podrían centralizar el control político sobre las candidaturas, al depender sus integrantes de los tres poderes públicos. El Tribunal de Disciplina Judicial ganaría atribuciones de capacitación, desplazando a la Escuela Judicial.
Antecedentes: la reforma de 2024 y el primer experimento de 2025
La reforma judicial de 2024, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, estableció la elección popular escalonada de todos los cargos del Poder Judicial federal y local. La primera vuelta, celebrada en junio de 2025, renovó la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la mitad de magistraturas y jueces. El proceso costó unos 6.500 millones de pesos y tuvo una participación del 13%, según datos oficiales del INE.
Las críticas técnicas y ciudadanas a ese debut —boletas de hasta 60 centímetros, candidatos desconocidos, denuncias de acarreo— obligaron a Sheinbaum a presentar un “plan B” ya en marzo de 2026. La versión final, aprobada en fast track por la mayoría de Morena y aliados en mayo, mantuvo el aplazamiento a 2028 pero añadió los filtros de evaluación que la oposición y académicos califican de riesgo de politización. El debate sobre la independencia judicial y la operatividad electoral continuará en la próxima legislatura.
