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El delito de despojo inmobiliario se ha convertido en uno de los problemas que más preocupación ha generado entre propietarios de la Ciudad de México en los últimos años, ante el aumento de casos vinculados con ocupaciones ilegales, documentación apócrifa y disputas por la posesión de inmuebles.
En este contexto, una iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada y el diputado Diego Garrido busca endurecer las sanciones y fortalecer los mecanismos legales para recuperar propiedades ocupadas de manera irregular.
La pesadilla que ha afectado a miles de familias en la Ciudad de México podría estar llegando a su conclusión. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de reformas que endurece las penas contra quienes se apropian ilegalmente de propiedades ajenas. Con 58 votos a favor, los legisladores enviaron un mensaje contundente: el despojo inmobiliario ya no quedará impune.
“El despojo no es solo un conflicto legal. Es una agresión directa al patrimonio, a la historia y a la estabilidad de miles de familias capitalinas”, reiteró la diputada Rosario Morales al presentar el dictamen en tribuna. Las modificaciones fueron aprobadas en noviembre de 2025, y contemplan cambios al Código Penal, al Código Civil, a la Ley Registral y a la Ley del Notariado de la Ciudad de México, con el objetivo de reforzar la protección del patrimonio y acelerar los procesos de recuperación de inmuebles.
Hasta 22 años de prisión: la nueva sanción contra los invasores de propiedades
El cambio más significativo se presenta mediante el Código Penal del Distrito Federal, el cual ha sido objeto de una actualización que incrementa las sanciones hasta 22 años de prisión. Esta reforma amplía los supuestos de comisión del delito, incorpora nuevas agravantes y define conductas que anteriormente se encontraban en áreas inciertas de la legislación.
Los invasores que hagan uso de violencia, intimidación o engaño para apoderarse de inmuebles enfrentarán ahora las sanciones más severas. La reforma cierra las lagunas legales que permitían a los delincuentes eludir la justicia mediante artimañas jurídicas, desde la simulación de contratos privados de compraventa hasta la presentación de documentos falsificados ante las autoridades.
Esta actualización del marco jurídico tiene como objetivo no solo sancionar, sino también prevenir y frenar la ocupación ilegal de propiedades, fenómeno que ha ido en aumento en la Ciudad de México.
Tolerancia cero a los contratos falsos: blindaje total contra la simulación documental
Una de las acciones preferidas por los invasores consistió en la presentación de títulos simulados y escrituras falsas, que les servían de justificación para la “posesión” de propiedades ajenas. Con el objetivo de contrarrestar esta práctica, han sido implementadas nuevas reformas, las cuales incluyen tres modificaciones clave:
- Control registral estricto: la Ley Registral para la Ciudad de México ahora exige constancia de ejercicio legal cuando se presente una escritura física emitida por un fedatario de otra entidad. Esta medida bloquea la inscripción de documentos apócrifos o fraudulentos que antes pasaban desapercibidos.
- Código Civil actualizado: el artículo 806 fue reformado para impedir que los ocupantes ilegales utilicen la figura de la “posesión” como defensa mediante títulos simulados.
- Responsabilidad notarial: la Ley del Notariado fue modificada para establecer responsabilidad directa de notarias y notarios por negligencia o mala fe que derive en despojos, cerrando así uno de los flancos más vulnerables del sistema.
Desalojo exprés: nuevas herramientas para recuperar tu propiedad
El mensaje es claro: quien pretenda despojar a otro de su propiedad en la capital del país enfrentará consecuencias severas, con penas que pueden alcanzar más de dos décadas tras las rejas.
El paquete de reformas actualiza tanto el marco jurídico sustantivo como el procesal, lo que significa que los trámites para recuperar una propiedad serán más rápidos y efectivos. Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, junto con la Comisión Registral, Notarial y de Tenencia de la Tierra, trabajaron en conjunto para eliminar los obstáculos burocráticos que antes retrasaban la justicia.
Las reformas aprobadas no solo endurecen las penas, sino que facilitan la recuperación de inmuebles para los legítimos propietarios. El nuevo marco legal dota a las autoridades de mecanismos ágiles para ejecutar desalojos y devolver las propiedades a sus dueños en tiempo récord.