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El Congreso de la Ciudad de México analiza una reforma que pretende endurecer las reglas para participar en la contratación de obra pública y cerrar el paso a quienes utilizan empresas fachada para obtener contratos con el gobierno. La propuesta de a reforma de ley busca que las personas responsables de irregularidades no puedan crear nuevas compañías o recurrir a terceros para seguir contratando con las autoridades.
La iniciativa fue presentada por el diputado Mario Enrique Sánchez Flores, del Partido Acción Nacional (PAN), junto con la legisladora Claudia Susana Pérez Romero, y plantea modificar el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. El objetivo, explicó el legislador, es fortalecer los mecanismos para prevenir la simulación y la evasión de sanciones en los procesos de contratación pública.
La reforma busca cerrar el paso a empresas fachada y prestanombres
Durante la sesión de la Comisión Permanente, Sánchez Flores afirmó que la propuesta pretende impedir que las personas responsables de irregularidades continúen obteniendo contratos mediante nuevas razones sociales o prestanombres.
“Presentamos una reforma al Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México para cerrar el paso a las empresas fachada, las sociedades espejo y los prestanombres utilizados para evadir sanciones. Porque una empresa no simula ni evade la ley por sí sola; detrás existen personas que toman decisiones, ejercen el control y reciben los beneficios”, señaló.
El diputado explicó que la iniciativa establece que, cuando exista una resolución firme que acredite que una persona ejercía el control efectivo o era beneficiaria de una empresa sancionada y participó de manera directa y dolosa en las irregularidades, esa persona quedará impedida para contratar obra pública por sí misma o mediante terceros.
¿Qué cambiaría en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México?
La propuesta también busca reforzar la actuación de la Contraloría de la Ciudad de México durante los procedimientos de contratación de obra pública.
De aprobarse la reforma:
- La Contraloría podrá integrar expedientes cuando detecte posibles faltas administrativas graves.
- Esos expedientes serán remitidos a la autoridad competente para su investigación y resolución.
- Las personas que controlaron empresas sancionadas y cuya responsabilidad quede acreditada no podrán volver a contratar con el gobierno mediante nuevas sociedades o terceros.
- Se fortalecerán los mecanismos para prevenir la simulación y la evasión de sanciones en los contratos públicos.
El legislador señaló que se han identificado más de 3 mil 500 contratos con empresas catalogadas como facturadoras de operaciones simuladas, por lo que consideró necesario fortalecer el marco jurídico para proteger los recursos públicos.
La iniciativa aún deberá discutirse en comisiones
Sánchez Flores aseguró que la reforma no busca afectar a los empresarios que cumplen con la ley, sino evitar que quienes hayan cometido irregularidades puedan seguir beneficiándose de recursos públicos mediante nuevas empresas o cambios de razón social.
“Podrá cambiar el nombre de la empresa; podrán sustituir al prestanombre; podrán modificar el logotipo, pero la responsabilidad cuando haya sido plenamente acreditada, no deberá borrarse. Cerremos las puertas a la simulación; hagamos que las sanciones se cumplan”, expresó.
Al concluir la presentación, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, donde será analizada antes de continuar con el proceso legislativo.