La Presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó la recepción de una iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta propuesta de la reforma pensional busca establecer un límite estricto a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, marcando un precedente en la política de austeridad republicana del país. Según detalló la legisladora en un video subido a sus redes sociales oficiales, el proyecto de Claudia Sheinbaum tiene una meta clara respecto a las percepciones de los exservidores públicos de alto rango. “El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE, no ganen más que el 50% de lo que gana la presidenta de la República en sus pensiones”, explicó Castillo Juárez. Esto implica un ajuste drástico, pues se busca “que no ganen más de 70,000 pesos mexicanos mensuales”. Para la Cámara Alta, esta medida no solo representa un cambio administrativo, sino una acción de equidad social y financiera. “¿En qué beneficia esto? En primer lugar, en que haya justicia, pero además va a haber un ahorro importantísimo. Ni más ni menos que cinco mil millones anuales que pueden ir para programas sociales”, aseguró la Presidenta del Senado, subrayando el impacto directo que estos recursos tendrían en la población más vulnerable. Tras el anuncio oficial, la Cámara de Senadores iniciará el protocolo correspondiente para elevar esta propuesta a rango constitucional. “La ruta es que se turna a la discusión a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, quienes tendrán que elaborar el dictamen que posteriormente pasará al Pleno para su debida votación”, aseveró Castillo Juárez, detallando los pasos técnicos que seguirá la iniciativa. “Este tema que es tan sentido para la población, se atenderá de cara a la Nación con la mayor responsabilidad por parte de este órgano legislativo”, concluyó la legisladora, reafirmando el compromiso de la bancada oficialista con la reforma. La reforma al artículo 127 pretende cerrar brechas salariales que han persistido durante décadas en diversos sectores del Estado. Al fijar el tope en los 70,000 pesos mensuales, el Gobierno busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” que perciben exfuncionarios de organismos descentralizados y autónomos, cuyos montos superaban por mucho el ingreso promedio del trabajador mexicano. Este ajuste es parte del eje central de la administración de Sheinbaum para consolidar el control del gasto público. De aprobarse, la medida obligará a una reestructuración de los contratos colectivos y regímenes internos de previsión social en las entidades más importantes del país, asegurando que ningún retiro sea financiado con recursos excedentes a los límites presidenciales establecidos. Bajo esta nueva iniciativa, los exfuncionarios y futuros jubilados de las siguientes instituciones verían ajustados sus ingresos mensuales de acuerdo al nuevo límite constitucional: