La Corte Suprema de Estados Unidos analiza la legalidad de la ciudadanía por nacimiento. El caso “Trump v. Barbara” surge de una orden ejecutiva de enero de 2025 que busca negar la nacionalidad automática a hijos de padres indocumentados o residentes temporales. Esta disputa legal se centra en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, vigente desde 1868. Mientras el gobierno de Donald Trump intenta redefinir quién está “sujeto a la jurisdicción” del país, los tribunales inferiores ya han bloqueado la medida por considerarla inconstitucional. Cerca de 2 millones de niños de origen mexicano nacidos en EE. UU. serían los más afectados por este fallo. Según el Pew Research Center, esta comunidad representa el 50% de los hijos de padres indocumentados, enfrentando el riesgo de perder derechos básicos en su país de nacimiento. De validarse la postura de la Casa Blanca, el Instituto de Política Migratoria (MPI) estima que la población no autorizada crecería en 2.7 millones para 2045. Esto crearía una subclase de personas que heredarían la irregularidad migratoria de sus padres y abuelos. La administración de Trump sostiene que la ciudadanía automática se diseñó originalmente para hijos de esclavos y no para inmigrantes. Sin embargo, el histórico fallo de 1898 (Wong Kim Ark) ratificó que casi cualquier niño nacido en suelo estadounidense es ciudadano por derecho propio. Organizaciones como la ACLU advierten que esta orden ejecutiva intenta reescribir la Constitución de forma unilateral. Si la mayoría conservadora de la Corte apoya al presidente, se rompería un principio de igualdad que ha definido a la sociedad estadounidense por más de un siglo. El desenlace de este juicio marcará un hito en la política migratoria de EE. UU. Un fallo a favor de la tradición constitucional pondría un límite claro al poder ejecutivo, mientras que una decisión contraria dejaría a millones de personas de origen mexicano en un limbo jurídico sin precedentes.