Un Tribunal Colegiado ha emitido una suspensión definitiva que marca un punto de inflexión en la batalla legal por el sureste mexicano. La orden judicial instruye a las autoridades competentes a ejecutar medidas urgentes de verificación, inspección, conservación y protección en las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que conecta Cancún con Tulum. Esta resolución pone el foco sobre la Subprocuraduría de Recursos Naturales y la Dirección General de Delitos de la Profepa. A pesar de ser el proyecto insignia de infraestructura de la administración para fomentar el turismo, el Tren Maya ha dejado una huella profunda en el ecosistema. Diversas organizaciones han señalado que la construcción destruyó parte de la selva de la Península de Yucatán, contaminó cenotes estratégicos y fragmentó los ecosistemas locales. Estos daños han sido reconocidos incluso por el propio Gobierno Federal en el polémico Tramo 5. La incertidumbre prevalece respecto a los programas de restauración ambiental. Hasta el momento, no se han hecho públicos los avances ni se ha confirmado si estas medidas cumplen con las normativas nacionales e internacionales requeridas. Esta falta de transparencia ha motivado la intervención judicial para asegurar que las autoridades ambientales realicen sus funciones de supervisión de manera efectiva. A finales de 2025, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó una sentencia histórica donde se considera que el proyecto ferroviario cometió ecocidio y etnocidio. El fallo, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Alicia Bárcena, reconoce la violación irrefutable de los derechos de la naturaleza y de las comunidades originarias. La resolución internacional es contundente al señalar las omisiones del gobierno en la protección de los derechos de los pueblos mayas peninsulares. En este contexto, el documento difundido establece una postura clara sobre la justicia ambiental: “El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y de los Pueblos Mayas peninsulares”. Esta nueva suspensión definitiva en el sistema judicial mexicano obliga a las dependencias de protección al ambiente a actuar de forma inmediata.