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La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que levante la prohibición sobre deportaciones bajo la controvertida "Ley de Enemigos Extranjeros", una normativa de 1798 que permitía que el presidente expulse a inmigrantes considerados como amenaza para la seguridad nacional.
En específico, fue el viernes pasado cuando el gobierno estadounidense apeló ante el máximo tribunal tras el rechazo de su petición por parte del tribunal federal de apelaciones de Washington, en lo que analistas consideran uno de los intentos más evidentes de la administración Donald Trump para expandir el poder presidencial desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
La "Ley de Enemigos Extranjeros" y el controversial uso que le dio Donald Trump
La "Ley de Enemigos Extranjeros", prácticamente olvidada hasta ahora, fue aprobada hace más de dos siglos y resucitada por la administración de Donald Trump para deportar a casi 300 venezolanos, quienes según autoridades estadounidenses estarían vinculados a la banda criminal Tren de Aragua.
Estas personas fueron enviadas a una prisión de alta seguridad en El Salvador, país gobernado por Nayib Bukele, quien fue criticado internacionalmente por sus métodos contra las pandillas y el cuestionable respeto a los derechos humanos durante su administración.
El gobierno dudó en utilizar imágenes de los deportados -encadenados y con cabezas rapadas en la prisión salvadoreña- como evidencia de su determinación en la lucha contra la inmigración irregular, a pesar de que defensores de derechos humanos afirman que algunos de los expulsados no tenían relación alguna con actividades criminales.
La ACLU solicitó extender la prohibición, pero la administración de Trump respondió
Después de lo sucedido, el juez federal James Boasberg emitió una orden que prohíbe temporalmente nuevas expulsiones bajo esta normativa, misma que fue ratificada en una votación de dos contra uno por un panel de jueces del tribunal federal de apelaciones.
Por su parte, el Departamento de Justicia argumenta que los tribunales federales no deberían interferir en negociaciones diplomáticas "delicadas" y sostiene que los migrantes detenidos deberían presentar sus casos ante un tribunal federal en Texas, donde se encuentran recluidos.
"Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo se llevan a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional", señaló la administración Trump, cuestionando a quién corresponden estas decisiones.
Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) solicitó que se extienda la orden de prohibición, cuya vigencia expira este sábado.
Estrategia integral contra la inmigración
La invocación de la "Ley de Enemigos Extranjeros" forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump para abordar la inmigración irregular. Desde su regreso a la presidencia, la administración implementó diversas tácticas, incluyendo una agresiva campaña mediática.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) difundió mensajes intimidatorios como "Te encontraremos y deportaremos. Nunca regresarás", con la expectativa de que los migrantes indocumentados decidan regresar voluntariamente a sus países de origen bajo la premisa de que en un futuro podrían retornar de manera legal.
Estas acciones evidencian el cumplimiento de las promesas de campaña sobre endurecer las políticas migratorias, dejando cada vez más lejos el llamado "sueño americano" para millones de latinoamericanos que buscan mejores oportunidades en Estados Unidos.
Los críticos de estas medidas argumentan que representan una grave amenaza a los derechos humanos y a un debido proceso, mientras que los defensores de la administración las justifican como necesarias para la seguridad nacional y el control de fronteras.
