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Millones de mexicanos tienen hasta el 30 de junio para registrar su número telefónico con CURP e identificación oficial, o enfrentar la suspensión parcial de su línea desde el 1 de julio.
Pero mientras el gobierno avanza a marchas forzadas con una de las medidas de telecomunicaciones más polémicas de los últimos años, un ciudadano decidió no quedarse de brazos cruzados: interpuso el primer amparo judicial contra el registro obligatorio y logró que el caso llegue a los tribunales. ¿Podría este recurso abrir la puerta para frenar la norma a nivel nacional?
El ciudadano que se plantó: así se promovió el primer amparo contra el registro telefónico obligatorio
Un usuario de Aguascalientes se convirtió en el primer ciudadano en impugnar legalmente el registro obligatorio de líneas telefónicas en México. El recurso fue presentado el 10 de febrero de 2026 y admitido al día siguiente por el Juzgado Primero de Distrito en ese estado. Su identidad se mantiene en reserva por razones de privacidad.
El promovente no cuestiona la medida por capricho: su argumento central es que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) omiten garantías de derechos humanos fundamentales. Además, señala que la norma condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que están reconocidos como un derecho en el artículo sexto de la Constitución Política. En concreto, busca proteger dos números telefónicos de su titularidad y evitar que sean vinculados a su identidad sin su consentimiento expreso.
Este amparo abre una discusión jurídica que va más allá de un caso individual: si los tribunales resuelven a favor del ciudadano, podría sentarse un precedente para que otros usuarios repliquen la estrategia legal.
Qué pasa si no registras tu línea de teléfono antes del 1 de julio: las consecuencias reales
La medida fue impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y entró en vigor formalmente el 9 de enero de 2026. Desde entonces, todas las líneas móviles del país, sin importar si son nuevas o antiguas, deben estar asociadas a la identidad oficial de su titular mediante CURP e identificación vigente.
Las consecuencias para quienes no completen el trámite a tiempo son concretas: a partir del 1 de julio, las líneas no registradas quedarán suspendidas de forma parcial. Eso significa que el usuario perderá el acceso a llamadas, mensajes de texto y datos móviles, con la única excepción de las llamadas de emergencia. Las operadoras confirmaron que la suspensión se levantará únicamente cuando el usuario regularice su situación.
En algunos casos, el proceso de registro también solicita una autofoto o prueba de vida para validar la identidad. Las autoridades aclararon que no está permitido requerir datos biométricos sensibles como huellas digitales, escaneo de iris ni ADN, y alertaron sobre fraudes que intentan aprovecharse de la confusión generada por el trámite.
Hasta la fecha, la CRT reporta más de 50 millones de líneas registradas, pero el país cuenta con aproximadamente 160 millones de números activos, lo que significa que más de dos terceras partes aún no completo el proceso.
Carlos Slim también prendió las alarmas: por qué el plazo podría no alcanzar
Que un ciudadano de a pie presentara un amparo es significativo. Pero que el empresario más poderoso del sector también haya levantado la voz lo es aún más. Carlos Slim, dueño y accionista mayoritario de América Móvil y Telcel, pidió públicamente que las autoridades reconsideren tanto el plazo como el mecanismo del registro obligatorio.
En declaraciones a medios, advirtió que el avance en el segmento prepago, que representa cerca del 80% de las líneas del país, es demasiado lento para el tiempo que queda. En sus propias palabras, consideró que habría que darle “una reestudiadita” al esquema para que sea más eficaz tanto para los usuarios como para la autoridad.
Su advertencia más directa fue clara: si no se replantea el proceso, el 1 de julio podría haber un corte masivo de líneas telefónicas que afectaría no solo a clientes y empresas, sino también a las propias instituciones del gobierno.
La combinación de un amparo judicial activo, el rezago en el registro y las advertencias de la empresa líder del mercado pone al gobierno ante una presión inédita sobre una norma que, según sus defensores, busca combatir extorsiones y fraudes que se amparan en el anonimato de los números celulares.