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La batalla legal en relación con el Tramo 5 del Tren Maya ha conocido un nuevo desarrollo tras la decisión de un tribunal federal, que ha otorgado una suspensión definitiva en lo concerniente a las obras en la región que conecta Cancún y Tulum. Este fallo impone a las autoridades pertinentes la obligación de llevar a cabo de manera urgente acciones de supervisión, protección y conservación en la área donde se ejecuta el proyecto ferroviario.
Asimismo, la resolución judicial determina responsabilidades concretas para los organismos encargados de la supervisión ambiental. En particular, se instruye a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar, a través de sus divisiones especializadas, actividades de inspección e investigación con el fin de asegurar la protección de los recursos naturales que podrían verse comprometidos por la edificación.
Impacto ambiental del Tren Maya: desafíos y oportunidades
A pesar de ser el proyecto insignia de infraestructura de la administración para fomentar el turismo, el Tren Maya ha dejado una huella profunda en el ecosistema.
Diversas organizaciones han subrayado que la construcción destruyó parte de la selva de la Península de Yucatán, contaminó cenotes estratégicos y fragmentó los ecosistemas locales. Estos perjuicios han sido reconocidos incluso por el propio Gobierno Federal en el polémico Tramo 5.
La incertidumbre persiste en torno a los programas de restauración ambiental. Hasta la fecha, los avances no han sido divulgados públicamente, ni se ha confirmado si las medidas adoptadas son conformes a las normativas nacionales e internacionales solicitadas.
Esta falta de transparencia ha motivado la intervención judicial para garantizar que las autoridades ambientales realicen sus funciones de supervisión de manera efectiva.
Histórica sentencia internacional por ecocidio y etnocidio sienta precedente
La resolución internacional es clara al exponer las omisiones del gobierno en la protección de los derechos de los pueblos mayas peninsulares. En este sentido, el documento publicado establece una postura inequívoca respecto a la justicia ambiental: “El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y de los Pueblos Mayas peninsulares”.
A finales de 2025, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó una sentencia histórica donde se considera que el proyecto ferroviario cometió ecocidio y etnocidio. El fallo, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Alicia Bárcena, reconoce la violación irrefutable de los derechos de la naturaleza y de las comunidades originarias.
En el contexto actual, esta nueva suspensión definitiva en el sistema judicial mexicano impone la obligación a las autoridades competentes en materia de protección ambiental de proceder con celeridad.
