Un día después de que la comisión parlamentaria que investiga el mega fraude de Petrobras exculpara de toda responsabilidad en el caso tanto a la presidenta Dilma Rousseff como al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la mandataria brasileña salió, fortalecida, a defender su gestión y sus medidas.
"Mi gobierno no está involucrado en ningún escándalo de corrupción", afirmó ayer Rousseff en la ciudad de Helsinki, durante una rueda de prensa junto al presidente finlandés, Sauli Niinistö, con quien mantuvo una reunión dentro de la gira que esta realizando a los países nórdicos. Aunque no lo nombró, fue un tiro por elevación al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el principal impulsor de un juicio político en su contra y sobre quien pesan acusaciones de haber depositado más de u$s 5 millones en cuatro cuentas no declaradas en Suiza, dinero que sería fruto de sobornos cobrados a empresarios para firmar contratos con Petrobras.
Cunha se había referido, más temprano, a la presunta vinulación del gobierno en "el mayor caso de corrupción del mundo". "No es el gobierno el que está siendo acusado", manifestó Rousseff, quien insistió en que las personas involucradas en la corrupción están en prisión.
De hecho, por el escándalo de Petrobras conocido en Brasil como Lava Jato o Petrolão fueron detenidos hasta ahora 44 personas, incluidos ex ejecutivos y dirigentes. El caso conmociona la arena política de Brasil. Después de varias semanas de suma presión, la mandataria recibió el lunes por la noche una bocanada de aire, luego de que la comisión parlamentaria conformada para investigar el caso Petrobras concluyera que no hay pruebas que involucren tanto a ella como a su padrino político, Lula, en la trama de corrupción y sobornos.
Dilma se encargó también ayer de defender los ajustes económicos con los que piensa impulsar el crecimiento de la economía brasileña, aún pendientes de aprobación legislativa. En este contexto, la oposición encabezada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que también aspira a que se abra un juicio político a Rousseff, comenzó a desconfiar de Cunha, quien tiene en sus manos el deber de aceptar o rechazar las iniciativas contra la presidenta. El PSDB anunció que hoy presentará un nuevo pedido de juicio político elaborado por los juristas Hélio Bicudo fundador del PT y Miguel Reale Júnior, lo que estaba previsto para ayer mismo pero se aplazó con el objetivo de incluir datos e informaciones.
Consultada por la preocupación que puede haber en el exterior ante la crisis política y económica brasileña, Dilma señaló en Finlandia que "el objetivo de la oposición puede ser hacer inviable la acción del gobierno", pero garantizó que no lo logrará por muchas iniciativas que presente para promover su destitución.
Rousseff recordó que Brasil es el país más industrializado de América Latina y consideró comprensible que por ello se vea más afectado por la crisis internacional, como le ocurrió a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE), pero aseguró que cuenta con una economía robusta capaz de salir adelante.
