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Más de 200 presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, se declararon en huelga de hambre desde el viernes pasado para exigir su liberación. La medida de protesta fue confirmada por familiares de los detenidos a la agencia AFP este domingo y tiene un destinatario claro: la recién aprobada Ley de Amnistía impulsada por el chavismo, que deja afuera a una porción significativa de los presos.
Entre quienes se sumaron al ayuno figura el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela bajo la acusación de “terrorismo”, uno de los cargos que precisamente queda excluido de los beneficios de la nueva norma.
Presos políticos en Venezuela: quién habla y qué dice
Yalitza García, suegra de Gallo, indicó que “aproximadamente 214 en total, entre venezolanos y extranjeros, están en huelga de hambre”. Por su parte, Shakira Ibarreto, hija de otro policía detenido en 2024, explicó que “tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre el día viernes, a raíz de los resultados de la ley, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios”.
No todos los reclusos del penal adhirieron a la protesta. Según los familiares, el foco del descontento está en los detenidos vinculados a causas militares, un perfil frecuente en el Rodeo I, que en su mayoría quedan excluidos del texto aprobado.
Qué dice la Ley de Amnistía y por qué genera rechazo
El Parlamento venezolano aprobó la semana pasada una ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada luego de que Nicolás Maduro quedara fuera del poder tras una incursión militar estadounidense.
La ley, compuesta por 16 artículos, establece la liberación de personas que hayan participado en protestas políticas o en “acciones violentas” vinculadas al fallido golpe de Estado de 2002, y en manifestaciones o procesos electorales de los años 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
Sin embargo, quedan explícitamente excluidos quienes fueron condenados por “rebelión militar” en relación con los hechos de 2019, categoría bajo la que fueron procesados muchos de los militares y policías actualmente detenidos en el Rodeo I.
Las críticas apuntan, además, a lo que la ley no contempla: no prevé la restitución de bienes confiscados, no revoca las inhabilitaciones políticas ni levanta las sanciones impuestas a medios de comunicación. Aspectos que sí habían sido considerados en versiones previas del borrador, donde además se mencionaban figuras como instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, rebelión y traición, pero que finalmente quedaron fuera del texto definitivo.
El caso Gallo y la relación Argentina-Venezuela
El caso de Nahuel Agustín Gallo generó tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas. El gendarme fue detenido en Venezuela en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para visitar a su pareja. Las autoridades venezolanas lo acusaron de integrar una célula terrorista, cargo que Argentina rechazó de manera categórica. La Cancillería argentina reclamó su liberación en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta favorable hasta el momento.
La huelga de hambre coloca nuevamente el tema en la agenda regional en un contexto de alta tensión política en Venezuela, donde la comunidad internacional sigue de cerca la transición de poder y el tratamiento de los detenidos por razones políticas.