

La Parlamente de Japón eligió este miércoles a Sanae Takaichi como la 105ª primera ministra del país. Tanto la Cámara de Representantes como la Cámara de Consejeros celebraron por separado la votación para el nombramiento del jefe de Gobierno, en el marco de una sesión extraordinaria del Parlamento.
En la Cámara de Representantes, Takaichi obtuvo 354 de los 464 votos emitidos en primera ronda y superó ampliamente al líder de la Alianza Reformista Centrista (CRA), Junya Ogawa, quien recibió apenas 50 sufragios.
Por su parte, en la Cámara de Consejeros fue necesaria una segunda vuelta dado que no se alcanzó la mayoría en la primera ronda. En el voto definitivo, Takaichi logró 125 apoyos, frente a los 65 de Ogawa.
La revalidación de Takaichi llega tras la arrolladora victoria del Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones generales adelantadas del 8 de febrero. Su formación conquistó dos tercios de los escaños de la Cámara Baja, una proporción nunca antes alcanzada por un partido en solitario en el Japón de posguerra.
Takaichi, que se convirtió el pasado octubre en la primera mujer en liderar Japón, es una reconocida seguidora de la tradición política de Margaret Thatcher. Su victoria fue calificada por el líder de Ishin, Fumitake Fujita, como el inicio de una “segunda fase” de su gobierno.

Por su parte, la Cámara Baja eligió como su nuevo presidente a Eisuke Mori, veterano legislador del PLD y exministro de Justicia.
El cargo de vicepresidente recayó en Keiichi Ishii, integrante de la CRA. En este escenario, Keisuke Suzuki advirtió que el Gobierno actuará de forma “modesta” en el Parlamento, ya que la coalición gobernante no alcanza la mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Agenda económica y nuevo gabinete
De acuerdo con la Constitución japonesa, Takaichi y su gabinete presentaron su dimisión en bloque antes de la formación del nuevo Ejecutivo. La mandataria adelantó que no realizará cambios de calado en su gabinete.
Takaichi señaló que la victoria electoral le permitirá proseguir su política de expansión fiscal, orientada a hacer frente a una inflación persistente superior al 3% anual y al aumento del gasto en defensa.
Sin embargo, sus políticas generaron incertidumbre en los mercados financieros, con un yen debilitado y críticas de los inversores a los bonos soberanos japoneses.














