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El Gobierno nacional avanza hacia una reestructuración sin precedentes del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una de las entidades más grandes del país, que atraviesa una crisis financiera profunda.
Con una deuda que supera los 200.000 millones de pesos, la medida podría impactar directamente en la atención médica de más de 600.000 afiliados, que en los últimos meses sufrieron demoras y recortes en las prestaciones.
La compleja situación de IOSFA
La iniciativa es impulsada por el nuevo ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien convirtió la situación del IOSFA en una prioridad desde su llegada al cargo.
El objetivo oficial es ordenar las cuentas de la obra social, garantizar la continuidad de la cobertura y evitar inconvenientes futuros que podrían dejar sin atención médica a cientos de miles de personas en todo el país.
IOSFA es actualmente la tercera obra social estatal más grande de Argentina, pero su delicada situación económica provocó retrasos prolongados en turnos, estudios médicos y tratamientos de alta complejidad. El pasivo millonario generó deudas con prestadores, lo que derivó en cancelaciones y suspensión de servicios esenciales.
Cómo será la división del IOSFA y a quiénes alcanzará
La decisión central del Gobierno es dividir el IOSFA en dos entidades independientes. Una de ellas se encargará de la cobertura de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que la otra quedará exclusivamente bajo la órbita de las Fuerzas Armadas.
Aún resta definir qué sucederá con los afiliados de Gendarmería y Prefectura, que podrían ser incorporados a cualquiera de las dos nuevas estructuras según el esquema final.
En este nuevo escenario, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumiría el manejo de los fondos destinados a los efectivos bajo su jurisdicción, con la intención de alinear la administración de la obra social con las responsabilidades de cada ministerio.
Realizarán una auditoría en la obra social de las Fuerzas Armadas
A poco de asumir, Carlos Presti dispuso una auditoría integral sobre el funcionamiento del organismo para dimensionar el desorden financiero y administrativo. Asimismo, dicho trabajo ya había sido proyectada por la gestión anterior de Luis Petri, pero nunca llegó a concretarse por el cambio de autoridades.
En paralelo, el ministro de Defensa mantuvo reuniones estratégicas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con el objetivo de consensuar una salida que permita sanear el instituto sin afectar de manera inmediata a los afiliados.