El Gobierno ha descalificado a varios economistas por sus críticas a la propuesta oficial de reestructuración de la deuda. Con esa actitud, ciertos funcionarios parecen entender equivocadamente que se trata de una cuestión de la Argentina frente al mundo y que cualquier expresión ciudadana que no sea de apoyo incondicional a la propuesta oficial se entiende casi como traición a la Patria.
Claramente no es así, y para mejor comprender cuales son los espacios y las razones de las críticas serias y fundadas, vale la pena analizar el tema desde las tres distintas posiciones en que puede encontrarse un ciudadano argentino frente al caso: 1) La visión como simple ciudadano, interesado en lo mejor para el futuro del país; 2) La visión como contribuyente; 3) La visión como acreedor, por haber capitalizado aportes jubilatorios o por haber invertido en títulos públicos nacionales.
Como simple ciudadano argentino lo que se debe esperar es el mejor resultado. Este será aquel que logre condiciones de pago compatibles con un esfuerzo fiscal que no impida el crecimiento y que permita el sostenimiento de los programas sociales y las actividades esenciales del Estado, pero prestadas en un marco de eficiencia. También es deseable que ese resultado se alcance dentro de un clima de negociación firme, pero exento de aristas excesivamente agresivas o extremas que descalifiquen, desprestigien y afecten aún más a nuestro país.
Es evidente que debe haber una estrategia que no sólo lleve a un acuerdo satisfactorio, sino también que no genere demasiadas acciones judiciales y altos costos durante el proceso de negociación. En un extremo, una propuesta de repudio de la deuda, es decir de no pagar nada, dejaría al gobierno argentino frente a un cúmulo de reclamos y embargos dentro y fuera del país y a una situación de desprestigio y aislamiento absolutamente perjudicial. Hoy, muy pocos proponen ese extremo. Corriéndose a partir de él debe encontrarse el punto en el cual haya un buena base para negociar frente a los miles de acreedores argentinos y extranjeros. ¿Es un buen punto de partida la propuesta anunciada en Dubai? Sólo se podrá responder en función del resultado, pero en principio la propuesta oficial parece salir de un marco razonable, dadas todas las circunstancias.
Se ha generado un clima de rechazo e irritación que a nuestro juicio debilita la posición negociadora del gobierno argentino. El valor presente ofrecido es tan bajo que alienta a los acreedores individuales a agruparse y a ellos así como a instituciones que no son fondos buitre, a iniciar el camino legal. Otros gobiernos cuyos ciudadanos se sienten defraudados, no serán indiferentes a propuestas con quitas inéditas y excesivas.
En la visión como contribuyente lo que se desea es que el acuerdo no implique nuevos impuestos. La magnitud del superávit primario tiene que ver con esta cuestión, pero también es importante la forma en que se alcance ese superávit. No es cierto que el actual nivel del gasto público sea irreductible, a pesar que su relación con el PIB ha descendido ya que esto se ha debido al retraso de los salarios públicos frente a los precios. Hay evidencia de que se gasta mal y que ha crecido el empleo público improductivo, tanto en la administración nacional como en provincias y municipios. Los contribuyentes deben insistir en que se gaste bien, que se erradique la corrupción y en la necesidad de reformas bien encaradas para corregir esos desvíos y así poder reducir el gasto y hacer crecer el superávit primario. Esto deberá lograrse aún ante la probable recuperación de los salarios públicos que en algún momento seguirán los movimientos que se le han impreso últimamente a las jubilaciones mínimas y a los salarios privados. La gradual eliminación de los impuestos distorsivos y las retenciones deberá ser compensada con creces con un eficaz combate a la evasión.
La tercer visión es la de los millones de argentinos que poseen deuda en default, ya sea por haberla adquirido oportunamente o indirectamente a través de los fondos jubilatorios. Los acreedores argentinos son titulares de casi la mitad de la deuda en default. Una quita de valor presente como la anunciada, sea en un bono de descuento o en un bono par, destruiría gran parte de estos ahorros. Nadie puede alegar seriamente que semejante quita se justifica y que compensa las altas tasas de interés que rendía la deuda. Los ciudadanos argentinos afectados tienen el derecho a opinar sobre la propuesta como ante cualquier acto de gobierno que los perjudique. También tienen derecho a reclamar el mayor esfuerzo para incrementar el superávit primario luego del año 2004 y obtener mejores condiciones de pago. Esto es posible si se llevan adelante las reformas necesarias que no sólo son compatibles con la situación social y de empleo, sino que también forman parte de la solución de estos problemas.
