El modelo económico vigente ha recibido algunos llamados de atención en las últimas semanas. No surgen de los indicadores convencionales, que para muchos siguen mostrando una situación favorable y aparentemente distendida, sino de la observación e interpretación correcta de ciertas señales o del análisis de las tendencias, más que de la imagen detenida. Uno de estos llamados provino de la Corte Suprema y fue el de la impostergable necesidad de aumentar las jubilaciones medias y altas. Finalmente el supremo tribunal debió tratar uno de los numerosos casos llegados a su instancia, de jubilados que estaban por encima de la mínima y que en los últimos doce años no vieron respetar la movilidad de sus haberes como establece la ley de Solidaridad Previsional. La Corte no emitió un fallo, como hubiera correspondido, sino que transmitió un reclamo a los poderes Legislativo y Ejecutivo para que estos dispongan a la mayor brevedad los aumentos y el reconocimiento retroactivo de la movilidad de los haberes. Un fallo favorable al reclamo hubiera desencadenado de inmediato miles de sentencias similares y una inevitable e inmediata generalización de los aumentos a todos los jubilados en similar condición. La Corte optó por darle tiempo al Ejecutivo, pero éste ya no puede seguir mirando para otro lado. El Presidente ha dicho que la recomendación de la Corte fue “excelente , aunque sólo ha hablado de contemplar el problema en el Presupuesto de 2007. Una forma de dilatar la solución. En todo caso se podrá demorar pero no eludir. Las estimaciones indican que la deuda retroactiva acumulada supera los 9.000 millones de pesos y que el gasto anual adicional se encontrará entre 4.500 y 6.000 millones. Probablemente lo retroactivo se pague con un bono, pero el gasto corriente adicional será indefectiblemente en efectivo. A este plus del gasto provisional habrá que sumar unos 2.000 millones por las nuevas jubilaciones de amas de casa y otros no aportantes que se están acogiendo al nuevo régimen. Por sólo el gasto provisional adicional, hablamos de una reducción de entre un 30 y un 35% del actual superávit fiscal primario.

La luz amarilla prendida por la Corte no es menos intensa de la que viene prendiéndose por los numerosos conflictos laborales de empleados estatales provinciales. A pesar de los aumentos otorgados, la información oficial del Indec muestra un retraso de los salarios estatales respecto de los privados. No obstante ello, y también por el crecimiento del empleo público (6,5% en el último año) el gasto provincial se ha catapultado y ha hecho desaparecer el superávit primario conjunto de los gobiernos provinciales. No se ve ningún trabajo profundo en la reforma de los estados provinciales, sino electoralismo y facilismo. Tampoco el gobierno nacional ha dado ningún ejemplo para ser copiado. En el último año aumentó el número de empleados en un 5,7%. Ya hay varias provincias que no pueden pagar los intereses y menos aún los vencimientos de sus deudas con la Nación. Este año se prevé un faltante de 2.000 millones, originado en gran parte en la provincia de Buenos Aires, que será otro dolor de cabeza en la intención de preservar la caja del presidente Kirchner.

Otro llamado de atención fue la fuerte reacción del sistema financiero ante la medida del Banco Central de no computar dentro del encaje al efectivo mantenido en caja. Esta decisión sucedió a la del aumento del encaje del 15 al 17% en el mes de abril pasado. En ambos casos, la autoridad monetaria intentó un instrumento de absorción alternativo al del aumento continuo del stock de letras, que ya está generando un elevado gasto cuasifiscal. La necesidad de absorber es una consecuencia de la fuerte emisión requerida para sostener artificialmente el dólar alto. Pero esto último constituye a su vez, el rasgo fundamental del modelo. Si se quiere seguir gozando de los beneficios reactivantes y fiscales de un dólar alto, deberá saberse que habrá que pagarlo con mayores tasas de interés y con desplazamiento del crédito privado, o sino con más inflación, o bien con más distorsiones por reprimirla.

Un cuarto llamado de atención ha sido el monto de los subsidios previstos este año para las áreas de energía y transporte. Los congelamientos tarifarios requieren en 2006 compensaciones que superarán los 4.000 millones de pesos y además crecen sostenidamente. A pesar de estas transferencias, no se realizan inversiones y ya se avizoran cuellos de botella en el gas y la electricidad. Ninguna compañía invierte si sus ingresos y rentabilidad dependen de subsidios. El tema no es banal ya que la inversión industrial ha comenzado a limitarse ante la evidencia de una crisis energética cuya solución no se percibe. También comienza a notarse el desaliento empresario por los controles de precios, o por el sostenimiento a ultranza de retenciones, prohibiciones de exportar y una política intervencionista trazada con la vista puesta en el índice de inflación. No deberían esperarse más llamados de atención para introducir cambios profundos en un modelo con escaso futuro.