En el último año el gobierno se ha obsesionado por mantener la inflación por debajo del 10% anual, más por razones políticas que por razones económicas. Es indudable que los aumentos de precios generan una gran preocupación entre la población, especialmente por nuestro pasado hiperinflacionario, y por lo tanto afectan la popularidad de los gobernantes. Pero no resulta tan claro ni evidente que la estabilidad de precios es lo más importante para combatir la pobreza, ni que se justifique cualquier medida para mantener la inflación bajo control, como parecen a veces pensar las autoridades nacionales.
Primero cabe preguntarse que inflación debería tener un país como la Argentina, que hace 4 años devaluó casi el 300%. En la última década, solamente Indonesia y Rusia devaluaron más del 200%, y ambos países, a 5 años del ajuste, mantenían inflaciones superiores al 12%. Brasil y México, que devaluaron menos del 100%, tenían en el 5to año posterior al ajuste, 17,5% y 14,9% respectivamente de inflación. Considerando la inflación acumulada de los siguientes 4 años a la devaluación, la Argentina es de los países, junto con Corea, Malasia y Tailandia, que menos inflación experimentó, por cada punto de devaluación. Nuestro ‘problema‘ fue tener solo 3,7% de inflación en el 2003 –cuando el FMI pronosticó 36%!– ignorando que había muchas distorsiones de precios, tarifas y salarios que no se corrigieron por diversos motivos. Eso nos hizo creer que la etapa de recomposición de precios relativos se había terminado, cuando en realidad, casi no había comenzado.
El Gobierno hizo muy bien, en estos últimos años, en no tratar de contener la inflación usando las recetas que nos llevaron en el pasado al desmantelamiento de la estructura productiva: la brusca apreciación del peso, y tasas de interés muy altas. La estabilidad debería venir gradualmente como consecuencia del fuerte superávit fiscal, en el marco de una política monetaria prudente, acompañada por una razonable política de ingresos, que suavice las demandas salariales, y los incrementos de los precios monopólicos, y las tarifas de los servicios públicos. En este contexto sería posible seguir creciendo sobre la base de nuevas inversiones, mientras se van absorbiendo los necesarios ajustes de precios, salarios y tarifas.
En estos años de fuerte crecimiento económico, con mucho mayor empleo y una importante recuperación del salario real, es evidente para cualquier observador de la realidad cotidiana, que la pobreza ha disminuido considerablemente. Así lo demuestran también las ventas de los bienes de consumo típicos de las clases más bajas, que se han incrementado exponencialmente.
Pero el grave error de estos años ha sido ‘adorar‘ el índice de pobreza, calculando teóricamente el presupuesto mínimo ‘para no ser pobre‘ (¿?), ajustándolo permanentemente por la inflación, y estimando el porcentaje de la población que queda por debajo. Estos cálculos mediáticos omiten estimar la profundidad de la pobreza: ¿Qué tan lejos de ese nivel están realmente los pobres, y por lo tanto no perciben los progresos que se realizan con el crecimiento económico? Muy pocos países en el mundo siguen esta metodología que se ha impuesto como una religión entre nosotros.
Los pobres saben muy bien que están en esa condición fundamentalmente por la falta de trabajo o de ingresos de algunos miembros de la familia, que dependen de salarios informales o de ‘changas‘. Obviamente les afecta la inflación, pero no tan exclusivamente como a los asalariados con ingresos fijos. Los verdaderamente pobres pueden defenderse de un alza en el precio de la carne, consumiendo otros alimentos, pero sucumben ante el desempleo, la recesión, y fundamentalmente frente a la inacción estatal en materia de salud y educación.
Por eso es importante evitar obsesionarse por el índice de inflación. Medidas recientes como la prohibición de exportar carnes, o los congelamientos en las tarifas desde hace años benefician principalmente a los que más tienen. Ellos son los viajan en avión con pasajes subsidiados, los que consumen las carnes más caras que no se pueden exportar, los que tienen autos y compran electrodomésticos y se benefician de los combustibles, el gas, la electricidad y los peajes baratos. Y además estas medidas tienen un alto costo fiscal, por los menores ingresos por retenciones, y los mayores gastos para cubrir la falta de inversión privada en infraestructura energética. Esos recursos estarían mucho mejor invertidos atacando directamente la pobreza, gastando en educación y salud, a través de un plan de asistencia familiar más amplio y más generoso que el actual.
En la medida que la situación fiscal siga siendo muy sólida, la política monetaria prudente, y no existan riesgos de crisis cambiarias, la inflación podrá ser controlada gradualmente, sin necesidad de generar distorsiones de precios, ni de desalentar la producción y la exportación, como en las décadas pasadas. Y se podrá mejorar paulatinamente la distribución del ingreso, como consecuencia de la difusión del progreso, y de la acción estatal específica.
