En estos últimos tres años, contando desde el segundo trimestre del 2002, la economía argentina creció un 27%, y prácticamente llegó a los niveles de PIB de 1998. En aquel año, la restricción cambiaria que significaba la convertibilidad provocó una gravísima deflación de precios, con los consiguientes quebrantos en casi todos los sectores productores de bienes transables. Estos problemas de la actividad productiva, a su vez, generaron problemas fiscales y bancarios, que nos llevaron inexorablemente a la crisis de 2001.

Esta vez la situación es bien distinta, y en lugar de enfrentar el colapso de un programa económico, debemos enfrentar algunos dolores de crecimiento. Fundamentalmente estos son la inflación, y el despertar de las pujas por los ingresos de los diversos sectores, especialmente sindicales, que nos recuerdan los problemas que se iniciaron cinco décadas atrás.

El Gobierno debería preocuparse fundamentalmente por evitar generar un incremento en la demanda, a través de la política monetaria y/o fiscal, ya que ahora la utilización de la capacidad instalada está en muchos sectores críticos por encima del 85%. Para seguir creciendo es imprescindible impulsar la inversión para ampliar la capacidad productiva.

La inversión ha crecido mucho en estos años, pero de una manera desigual. Hubo mucha inversión en las empresas pequeñas y medianas, que no tenían rentabilidad desde hace 10 años, y también en todo el sector agropecuario y agroindustrial, que se beneficiaron del auge exportador en rubros como aceites, lácteos, vinos, pollos, carne, etcétera.

También se vieron más recientemente inversiones en el sector de maquinaria agrícola, la industria automotriz, y del autotransporte en general. Pero casi no hubo inversiones concretas en las industrias productoras de materias primas, como las petroquímicas, la siderurgia, la de aluminio, de papel, etc. Y estos sectores son grandes proveedores del resto de las industrias de bienes de consumo y de capital, cuya demanda ha crecido, y también enfrentan una demanda internacional tonificada, con precios en alza, por la presencia de China.

Y para que estas empresas grandes acepten invertir en el país debe despejarse muy claramente la incertidumbre existente en el campo energético, ya que son grandes consumidores de electricidad y otros combustibles.

El tiempo de una fuerte emisión monetaria sin impacto inflacionario esta cerca de su fin, si es que no ha llegado ya. Para defender el valor actual del peso será necesario contar con recursos fiscales lo suficientemente abundantes para adquirir la mayor oferta de divisas que genere el sector privado. Por eso es conveniente, por un lado, mantener tasas de interés que no resulten atractivas para los capitales especulativos, y por otro procurar que el inevitable menor saldo del balance comercial sea el resultado de mayores importaciones, idealmente de bienes de capital, y no de menores exportaciones.

Si se logra equiparar los superávit fiscal y externo, se podrá mantener la actual paridad del peso, por lo menos en términos nominales, y así preservar la mayor rentabilidad y competitividad que han logrado muchas empresas en estos años.

En un contexto de menor capacidad ociosa, es muy peligroso alentar recuperaciones salariales generalizadas. Estas generarían dos consecuencias negativas: alentarían un mayor auge aún del trabajo informal, y acelerarían el proceso inflacionario que apreciaría el tipo de cambio real.

Es muy deseable que los salarios crezcan, pero pagados por empresas que han ganado productividad, y pueden hacerlo sin perder competitividad. Y mucho más deseable aún es que siga cayendo el desempleo, y la informalidad laboral, ya que son los trabajadores en negro y los desocupados los más necesitados. Por eso debemos evitar la indexación de precios y salarios, porque solamente genera más inflación, y no una mejora relativa de un sector.

Contamos a favor con el hecho, conocido por los políticos, de que los argentinos de todas las clases sociales, pero especialmente los de menores ingresos, le temen a la inflación. Hoy, iniciar o alentar una puja distributiva de ingresos solo tiene costos políticos, ya que frente a unos pocos miles de beneficiados transitoriamente, hay millones de perjudicados en forma definitiva. El camino pasa ahora por pensar en la oferta, y alentar el crecimiento de la mano de mayores inversiones en las industrias estratégicas, continuando con la austeridad fiscal y la prudencia monetaria.