Para aclarar confusiones surgidas en torno a la participación del Papa Benedicto XVI y del Vaticano en el caso del sacerdote estadounidense Lawrence Murphy, sospechado de numerosos casos de pedofilia en un hogar de niños sordos de Milwaukee, será útil ordenar en secuencia cronológica la cuestión.

Murphy fue acusado de esos abusos en 1975, y denunciado de inmediato a la Justicia. La actuación judicial no encontró elementos suficientes como para incriminarlo y llevarlo ante un tribunal, y terminó archivando la denuncia.

Paralelamente, las autoridades eclesiásticas de Milwaukee habían abierto su propia investigación, que prosiguió aún después de que concluyera la actuación civil, y decidió limitar a Murphy el ejercicio de su actividad sacerdotal.

Veinte años más tarde, en 1995, cuando comenzaron a conocerse otros casos análogos que involucraban a religiosos, el arzobispado de Milwaukee puso el caso Murphy en conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), por entonces encabezada por el cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI. Cabe apuntar que en esas dos décadas no se registró ninguna otra denuncia contra Murphy, que a esa altura estaba moribundo, circunstancia que se hizo saber a la CDF.

La Congregación vaticana recomendó a la Iglesia de Milwaukee mantener las limitaciones en el ejercicio de la labor de Murphy y exhortarlo a un reconocimiento público de sus responsabilidades en los sucesos de 1975. Esto último no llegó a producirse y el sacerdote falleció cuatro meses más tarde.

Queda claro que aun cuando la Justicia civil no encontró mérito para juzgar al padre Murphy y cerró formalmente el caso, las autoridades católicas locales continuaron su investigación porque sospecharon de su posible responsabilidad y aplicaron las medidas preventivas a su alcance. La posterior intervención de la Santa Sede, veinte años después, ratificó lo resuelto en Milwaukee.

No hubo, entonces, encubrimiento ni forma alguna de complicidad con lo ocurrido por parte de la CDF, liderada por Ratzinger, como se ha pretendido afirmar desde sectores de la prensa -sobre todo de Estados Unidos-, que llamativamente no se cuestionaron las razones por las cuales la Justicia civil no procesó al sindicado como responsable de los abusos.