La inflación en la Argentina llegó a niveles ‘demasiados’ bajos durante el 2003, inconsistentes con el ajuste de precios ocurrido un año y medio antes, y desde entonces tuvo un comportamiento creciente, hasta superar el preocupante 12% durante el año pasado. Estas presiones inflacionarias están vinculadas con las buenas noticias: surgen de la muy fuerte recuperación del consumo, apoyada en el aumento del empleo, de los salarios y del crédito, y de la corrección demorada de ciertos precios y salarios que habían quedado atrás después de la devaluación.
El Gobierno entonces reaccionó con mucho vigor, atacó públicamente a las empresas y sectores que subían los precios, y estableció una mecánica de acuerdos que le ha dado ciertos resultados positivos. Principalmente, a través de los supermercados ha logrado presionar a los proveedores para que mantengan sus precios, a cambio de cederles un mayor volumen. Esto hubiera ocurrido espontáneamente de cualquier manera, pero de esta forma el proceso fue mucho más drástico.
Los resultados han sido positivos, en la medida que han torcido la espiral alcista, y hoy las expectativas inflacionarias están mucho más moderadas que un año atrás. El riesgo es que el Gobierno se enamore del instrumento, y pase de los acuerdos y las presiones públicas, a un mecanismo de controles de precios, como tantas veces hemos tenido en la Argentina, y otras tantas ha fracasado. Y que así aspire a tener una inflación de un dígito, inconsistente con nuestra situación macroeconómica, adoptando remedios que sean peores que la enfermedad. Vale la pena analizar la evolución de la inflación en otros países que han devaluado, como Rusia, México y Brasil, para entender que no podemos aspirar a la estabilidad antes de terminar con los ajustes de precios relativos (tema tratado en mi artículo de ECC del 13 de Marzo último)
Los acuerdos de precios pueden funcionar en la medida que sean temporarios y flexibles, ya que entonces sirven para coordinar las expectativas inflacionarias, evitar alzas preventivas, y acercar el comportamiento empresario a la inflación que surge del equilibrio entre la oferta y la demanda global. En la medida que se prolongan en el tiempo, y se transforman en congelamientos, solamente sirven para generar primero desinversión, luego desabastecimiento y mercado negro, y finalmente provocar ajustes bruscos, como aquel famoso Rodrigazo de 1975, o el que antecedió en 1989, a la aplicación del Plan BB. La Argentina salió muy golpeada del congelamiento cambiario de la década pasada, porque siempre hay motivos políticos para demorar el trago amargo del ajuste, pero la historia nos enseña que demorar las correcciones de precios solamente agrava las cosas, y nunca pueden postergarse eternamente.
Y en la Argentina de hoy, ya se esta acumulando mucha presión en materia tarifaria, especialmente en el área energética, lo que empieza a constituir una vulnerabilidad frente a una potencial crisis energética a la que, como todo el mundo en estos días, estamos muy expuestos. Porque que duda cabe que si hoy prohibimos la venta de combustible subsidiado a los extranjeros, mañana lo racionaremos ente nosotros.
Sería muy importante ir saliendo gradualmente del congelamiento de tarifas domiciliarias de energía, y de los combustibles, por cuatro motivos: a. para reducir la demanda de energía, b. para alentar nuevas inversiones en el sector, c. reducir la capacidad adquisitiva de los sectores de mayores ingresos, y d. para evitar los ajustes bruscos que serán inevitables si tenemos un colapso energético.
No es necesario caer en las recetas ortodoxas para frenar la inflación, que tanto mal nos han causado en el pasado, como subir demasiado las tasas de interés o retrasar el tipo de cambio. Esto solo generaría una breve euforia financiera a costa del sistema productivo y del deterioro fiscal, y nos haría más vulnerables a los avatares de las finanzas internacionales.
Los acuerdos de precios de estos años deberían irse flexibilizando, conjuntamente con las tarifas, mientras se logra un aumento del superávit fiscal, para así moderar el exceso de demanda global. Se deberían reemplazar los subsidios a muchos servicios públicos, y otras inversiones que se realizan por el sistema de fideicomisos, por incrementos de tarifas pagadas por los sectores de mayores ingresos, lo que permitiría destinar aproximadamente $4.000 millones anuales para cubrir necesidades de los más pobres, al tiempo que frenaríamos la demanda de los sectores de mayores ingresos, que son finalmente los que están provocando las mayores presiones inflacionarias.
Finalizada la flexibilización de precios, salarios y tarifas, podría sí la Argentina aspirar a una reducción definitiva de la inflación, consistente con varios años más de crecimiento con equidad.
