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Reformas que no resuelven distorsiones del sistema tributario

El autor efectúa un recorrido de las últimas reformas tributarias, que no se limitaron a la sanción de una ley, sino que se vienen produciendo desde fines de 2015. Señala, incluso, cambios menores por reglamentaciones propias de la AFIP, mientras que otras resultaron trascendentes, ya que modificaron la columna vertebral del sistema tributario. Pero, lamentablemente no lograron resolver las múltiples distorsiones que aún persisten en nuestro sistema tributario.

Reformas que no resuelven distorsiones del sistema tributario

Las reformas tributarias no se limitan a la sanción de la ley 27.430, se vienen produciendo "gradualmente" desde fines del año 2015. Además de leyes, hubo cambios menores dispuestos por las reglamentaciones de la AFIP, pero no se solucionaron las múltiples distorsiones que aún existen en nuestro Sistema Tributario. Cronológicamente: se redujeron y eliminaron las retenciones al campo y a la minería; salió una nueva ley de Blanqueo de Activos y la Reparación Histórica para los Jubilados (27.260); luego se hicieron modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Régimen Simplificado, a través de la ley 27.346. También el Congreso aprobó la llamada Ley Pymes (27.264), que otorga ventajas fiscales para ese tipo de empresas y una ley especial para el capital emprendedor (27.349). Finalmente, en diciembre de 2017, se publicó la ley 27.430, que reformó las leyes impositivas, previsionales, aduaneras, y el régimen sancionatorio previsto en la ley de procedimiento y penal tributaria. La ley 27.432 le da un tiro de gracia al Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, ya que autoriza al Poder Ejecutivo a disponer que se pueda computar plenamente como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, un 20% en cada año, hasta el año 2021. Las últimas reformas se enmarcaron dentro del Consenso Fiscal (ley 27.429), firmado por el Gobierno con la mayoría de los gobernadores y que luego se expresó en una ley. ¿Así terminan los cambios?, se podría decir que no, ya que en el horizonte se avizoran proyectos de reformas laborales, con el objetivo de regularizar el empleo, con la propuesta de otro blanqueo de trabajadores y cuestionadas modificaciones en la ley de Contrato de Trabajo. Queda todavía pendiente, la tarea de compatibilizar todos los textos de las leyes laborales e impositivas con el nuevo Código Civil y Comercial unificado.

Los vaivenes

Pronto se cumplen tres años de este gobierno, y en la línea de tiempo transitada se pueden notar varios vaivenes tributarios que dan como resultado marchas y contramarchas que produjeron contradicciones, alterándose el clima para las anheladas inversiones y castigando aún más a los contribuyentes individuales en comparación con las medidas que se sancionaron para las empresas. Seguramente, el objetivo fue apoyarse en la conocida teoría del "derrame", que se manifiesta en posible trasladode los beneficios desde las empresas hacia las personas, cuestión que puede ser muy improbable y discutible. Como argumento de campaña, el gobierno había prometido eliminar el Impuesto a las Ganancias en los sueldos. Sin embargo, transcurridos dos años el régimen de retención sigue vigente y en las reformas propuestas no se prevén cambios. La primera medida tomada, relacionada con ese tema, fue la derogación del cuestionado decreto 1242/13, que había provocado diversas distorsiones en los años anteriores, pero como el cambio fue brusco, sin crear mecanismos de transición, se produjo que más trabajadores se incorporen a pagar el impuesto. Posteriormente, a fines de 2016, se sancionó la ley 27.346 que subió las deducciones personales, se incorporaron algunas deducciones y exenciones (alquileres y horas extras). Sin embargo, la ley eliminó vínculos familiares, y a pesar de que los tramos de las escalas subieron un 100%, el aumento fue notoriamente inferior con el que debía haber sido, según lo que establece la propia ley 20.628 en su artículo 25, considerando la evolución de los precios mayoristas del INDEC. Otra contradicción se puede notar en el tema de favorecer primero y gravar después a las inversiones en títulos públicos. La ley de blanqueo (27.260) favoreció a los que invertían en esos títulos en el momento de adherir al régimen de exteriorización. Pero, a menos de un año, en sentido contrario con la reforma se propuso gravar los resultados que obtienen las personas físicas por esas inversiones. Estos títulos están exentos en Bienes Personales y sus resultados tampoco pagan Ganancias, pero actualmentetributan Ganancias con la tasa del 5% las inversiones en pesos y con la del 15% las que son en dólares o con cláusulas de actualización. Un nuevo cambio de dirección se dio con el tratamiento tributario a favor de las Pymes. Primeramente, se sancionó la ley 27.264 que otorgó ventajas parciales, ya que por el monto de facturación algunas de ellas quedaron afuera de los beneficios. De esta manera, sólo las Micro y Pequeñas empresas pueden postergar el pago del IVA por 90 días y acceder al cómputo del 100% del Impuesto al Cheque como pago a cuenta de Ganancias. Se discrimina a las empresas medianas del Tramo I del cuadro Pymes, ya que sólo las manufactureras pueden descontar el 50% del impuesto retenido contra Ganancias, mientras las que desarrollan otra actividad quedan excluidas de las ventajas. Las del cuarto escalón de facturación (medianas tramo II), quedan al margen de estos beneficios. Siguiendo con las idas y venidas en este tema, con la reforma se incrementaron las contribuciones patronales que pagan las Pymes, pasando en 5 años del 17% al 19,50%, creándose la figura de mínimo no imponible de $ 12.000, escalonado en cinco años, para determinar la base imponible de las contribuciones sociales de seguridad social. Simultáneamente, en la ley 27.430 figura la eliminación gradual del beneficio del decreto 814/01, que permitía computar un porcentaje del pago de las contribuciones patronales como crédito técnico del Impuesto al Valor Agregado. También, figura la eliminación escalonada de los beneficios permanentes de reducción de contribuciones patronales para los microempleadores y para las nuevas contrataciones que realizan las empresas de hasta 80 empleados, que fueron creados hace solo 3 años, por la ley 26.940. En los impuestos que miden el patrimonio, que significan una buena manera de medir la capacidad contributiva, sólo se elimina el que alcanza a las empresas (Pymes desde el 2017 y las grandes a partir del 2019). Sin embargo, permanece gravado el patrimonio individual, sin poder considerar las deudas que poseen las personas humanas, como si no integrasen el patrimonio.

 

El tema de contradicción más sensible, sin dudas, se notó con lo que sucedió con los jubilados. En 2016 se sanción una ley llamada de "Reparación Histórica" que invitaba a los jubilados que no habían realizado juicios por ajustes previsionales a firmar un convenio por el que renunciaban a reclamar en el futuro judicialmente por las diferencias previsionales. En ese año, la inflación minorista, medida por el índice Congreso, fue del 43% mientras que el índice de la movilidad previsional llegó al 29%. Muchos de los que aceptaron la supuesta reparación tuvieron un incremento en sus haberes previsionales que no superó el 14%, entonces se puede concluir que en lugar de un justo reconocimiento, lo que obtuvieron los jubilados en realidad fue un reconocimiento de la diferencia de inflación que hubo en ese año. Y ahora, que es necesario ahorrar plata para cerrar el acuerdo con las provincias, otra vez se mira a los jubilados que terminan siendo la variable de ajuste, modificándose la fórmula de cálculo de la movilidad previsional porotra que tiene en cuenta a la inflación en un 70% y el índice laboral RIPTE, en un 30%. De esta manera, al aprobarse la ley los jubilados perdieron en forma retroactiva, a pesar de ser anticonstitucional, casi la mitad del aumento que les correspondería en ese año. Lo bueno es que por el cambio de fórmula, que tiene en cuenta a la inflación, a partir de ahora en que los índices son altos los haberes previsionales estarán cubiertos por la desvalorización de la moneda, pero el escalón de aumento perdido no se recuperó.Por otro lado, también los Monotributistas sufren las contradicciones tributarias que hubo en los últimos años, ya que la ley 27.346, sancionada a fines de 2016, ordenó que los parámetros de las categorías como los montos a pagar deban actualizarse por el índice previsional, en todos los meses de septiembre de cada año. A pesar de ello, desoyendo lo que establece la ley, la AFIP emitió la Resolución 4119 expresando que recién en enero del año 2018 se iban a modificar las tablas de las categorías del Régimen Simplificado. Por suerte, este tema fue resuelto legalmente luego. En este punto, al proponerse modificar el cálculo del índice previsional, el cambio afectará también a la actualización del Monotributo a futuro, ya que la ley dispuso que el ajuste deberá hacerse con los dos índices de movilidad previsional (antes eran dos por año) mientras que ahora, luego de la reforma, existen cuatro índices que cubren todo el año.Si se sigue lo literal de la norma podrían aplicarse únicamente los índices delúltimo semestre del año, y no los cuatro correspondientes a los doce meses.

Balanza comercial

Como se mencionó anteriormente, la reforma tributaria no empezó con el último envío del paquete de reformas al Congreso, comenzó a fines del 2015, ya que las primeras medidas fueron la eliminación de retenciones a la mayoría de las exportaciones del campo y a la minería. Sin embargo, el resultado que provocó esa medida fue insuficiente, no se notó, porque la evolución de la exportaciones de los productos primarios, según el INDEC, fue la siguiente (en miles de millones de dólares): año 2010: 15.148; año 2011: 19.833; año 2012: 19.040; año 2013: 17.766; año 2014: 14.218; año 2015: 13.301; año 2016: 15.692 y a octubre del 2017: 12.845. Como se puede observar, en los últimos dos años se exportó por debajo del promedio de los seis años anteriores. Con la nueva matriz tributaria, se sancionaron medidas que incrementan la carga fiscal de las personas humanas y reducen los tributos de las empresas, sin distinguirse entre las Pymes y las grandes firmas.

Cuestiones laborales

A futuro se propone otro blanqueo laboral, similar al último del año 2009, pensando que condonando sanciones las empresas van a registrar empleos informales, cuando ya quedó demostrado que este resultado con el blanqueo laboral anterior no se produjo. De aprobarse la ley las grandes empresas tendrán una reducción de las contribuciones patronales, no así las Pymes comose expresó anteriormente, suponiendo que de esta manera se va a contratar a más trabajadores. Lo que lleva a una empresa a contratar y registrar a más empleados es la mejora en la economía, cuando aumenta el consumo; no se produce sólo por la existencia de una ley que otorga beneficios desfinanciándose el sistema previsional que siempre termina pagando la cuenta. Asimismo, se vuelve a pensar en una "flexibilización laboral" cuestión que ya se probó durante la década de los 90, sin resultados positivos a la vista. Actualmente existen tres proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo para que trate el Congreso.

Impuestos provinciales

También, se habla de mejorar la competitividad de las empresas reduciendo Ingresos Brutos, de la misma manera que se hizo en aquel pacto fiscal del año 1994. Sin embargo, en consonancia no se reducen las alícuotas de retenciones y percepciones y las de acreditaciones bancarias de los impuestos provinciales, resultando que se incrementen los saldos a favor de los contribuyentes.

La inflación

La gran ausente de las reformas sigue siendo la inflación, como sucedió en los 15 años anteriores, dando el caso en que se tenga que pagar impuestos por resultados que no son reales y mostrando que los balances de las empresas no sirvan para poder analizar nada, porque están confeccionados en moneda corriente y no constante. La contradicción se dio porque existe un capítulo de reconocimiento parcial del ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias, permitiéndose que se actualicen los costos de determinados bienes (excluidos los bienes de cambio). Para acceder a este derecho, que debería ser directo para todos los contribuyentes, previamente tendrá que pagarse un impuesto que va del 5 al 15% y renunciar a cualquier reclamo futuro judicial sobre este tema (parecido con lo que sucedió con la reparación histórica), prometiéndoles a los gobernadores que si lo aprobaba el Congreso la totalidad de la recaudación del mismo será coparticipada a las provincias. Pero en el medio quedan los contribuyentes que a pesar de que en la economía existan variables que ajustan por inflación (créditos hipotecarios, etc.) son los únicos a los que se le aplica, a rajatabla, lo que establece la todavía vigente ley de emergencia 25.561, en cuanto a que quedan prohibidas las cláusulas indexatorias en la economía.

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