Los fiscales del juicio contra el brasileñoJair Bolsonaro presentarán sus argumentos finales esta semana, mientras el expresidente enfrenta un veredicto por cargos de conspiración golpista que podrían llevarlo a la cárcel durante décadas y profundizar la crisis diplomática del país con Estados Unidos. Los fiscales acusan al exlíder de extrema derecha de planear, con la ayuda de altos oficiales militares, permanecer ilegalmente en el poder después de perder las elecciones ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. El hombre de 70 años, que niega todos los cargos, espera ser declarado culpable, según sus allegados. El juicio ante la Corte Suprema ha dividido a la mayor democracia de América Latina, que surgió de 21 años de gobierno militar en 1985. Las encuestas muestran que más del 40 por ciento de los brasileños creen que Bolsonaro ha sido procesado injustamente. El caso ha provocado la ira del aliado de Bolsonaro, el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha lanzado una campaña de presión sobre Lula para que ponga fin al juicio. Trump ha impuesto aranceles del 50% a la mayoría de las exportaciones brasileñas, ha prohibido las visas a los jueces de la Corte Suprema y al ministro de Justicia de Lula y ha impuesto sanciones financieras al juez que supervisa el caso, Alexandre de Moraes. Una persona cercana a la administración Trump afirmó que la Casa Blanca había preparado una serie de aranceles adicionales que se impondrían si Bolsonaro es declarado culpable. Hasta el momento, Lula ha desafiado la presión estadounidense, calificándola de "injerencia inaceptable" en el sistema judicial de su país. El tribunal escuchará los argumentos finales desde hoy, y un panel de cinco jueces votará sobre los cargos la próxima semana. La fiscalía alega que Bolsonaro y sus partidarios planearon asesinar a Lula, a su compañero de fórmula y a De Moraes. Bolsonaro ha admitido que discutió otras "posibilidades" con los jefes militares tras perder las elecciones, pero insistió en que no se llevó adelante ningún plan golpista y que nunca tuvo la intención de subvertir la democracia. El caso es histórico, afirmó Thomas Traumann, consultor político brasileño. "Nunca antes un expresidente, un comandante militar o un general en activo había sido juzgado por un presunto golpe de Estado en Brasil". Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por violar restricciones judiciales, es una sombra del agitador antisistema que llegó al poder en 2018. Sus aliados lo presentan como una figura abatida, afectada por ataques de hipo y que aún padece lasheridas sufridas en un apuñalamiento casi fatal en 2018 durante la campaña electoral. Domingos Sávio, diputado del Partido Liberal de Bolsonaro que lo visitó recientemente, dijo que el expresidente también estaba angustiado debido a la prohibición judicial de comunicarse con su hijo Eduardo. "Él sabe que no cometió ningún delito y que no hay pruebas... [pero] sabe que ya fue condenado de antemano", dijo Sávio. "Estaba sufriendo, ya no era ese Bolsonaro juguetón al que le gusta bromear y provocar", agregó. La Corte Suprema colocó al ex presidente bajo vigilancia permanente en su exclusivo barrio privado de Brasilia la semana pasada, después de que la policía alegara que había considerado huir a Argentina en busca de asilo político. La defensa argumenta que el testigo estrella del Estado, el ex ayudante de campo de Bolsonaro, Mauro Cid, fue presionado para llegar a un acuerdo con la fiscalía y que su testimonio contiene invenciones. La fiscalía insiste en tener pruebas sólidas, incluyendo un borrador del decreto golpista impreso en el palacio presidencial. Cid afirmó que Bolsonaro solicitó cambios al documento, afirmación que este último negó. Los fiscales afirman que, después de que los generales de alto rango se negaron a respaldar la idea, el último suspiro de la conspiración se produjo el 8 de enero de 2023, días después de que Lula asumiera el cargo. En escenas que evocan la invasión del Capitolio estadounidense dos años antes, simpatizantes de Bolsonaro ocuparon y vandalizaron edificios gubernamentales en Brasilia y exigieron la intervención militar. El expresidente se encontraba en Florida en ese momento y ha negado su participación. Información adicional de Beatriz Langella