A veces se dice que Brasil prueba todos los enfoques económicos hasta que finalmente elige el correcto. En los últimos 60 años, el país se mostró igual de creativo en la manera en que también remueve a los presidentes. A Getúlio Vargas lo llevaron al suicidio; Jânio Quadros se vio forzado a hacer las valijas; João Goulart terminó derrocado por un golpe militar; y Fernando Collor de Mello fue objeto de un juicio político por corrupción. Muchos se preguntan si Dilma Rousseff, elegida para un segundo mandato hace ocho meses, podría enfrentar un destino similar.
Las razones de su precaria posición son claras. Un arrollador escándalo de corrupción en Petrobras reveló lo sobornables que se han vuelto los políticos brasileños, especialmente los del partido de los Trabajadores.
Como Rousseff presidía Petrobras en el período en que tuvieron lugar los hechos de corrupción, puede ser culpable como mínimo de incompetencia absoluta.
Además, está su pésimo desempeño económico. La economía se frenó abruptamente y se pronostica que la recesión durará al menos hasta fines de 2016. Mientras tanto, la moneda se deprecia, las inversiones se derrumban, la inflación duplica la tasa objetivo oficial, la confianza de los inversores se evapora y el desempleo crece. No es de extrañar que haya protestas en todo Brasil como la del domingo, o que el 66% de los brasileños quieran un juicio político para Rousseff.
Pero, ¿sucederá eso? ¿Cuál sería la diferencia si ocurre? Rousseff no ha sido acusada de corrupción. Ella también declaró repetidas veces que no renunciará. Para iniciarle un juicio político se necesita el respaldo de dos terceras partes del Congreso, y ese apoyo no existe. Los políticos que también son culpables de corrupción son reacios a tirar del gatillo. El partido de la oposición PSDB, que es de centroderecha, mientras tanto disfruta viendo a Rousseff abandonada a su propia suerte. PSDB espera llegar a las elecciones presidenciales de 2018 con el Partido de los Trabajadores totalmente desacreditado y con un claro mandato para implementar el tipo de reformas liberales que Brasil aplicó por ultima vez en los noventa.
El problema es que para 2018 faltan tres años y las medidas hay que tomarlas hoy. Sin embargo, la baja popularidad del gobierno detuvo muchas medidas económicas necesarias. Existe al posibilidad de que rebajen a categoría de basura la nota crediticia de Brasil y si ocurriera eso el país alejaría aún más inversiones, y la economía empeoraría. Mientras tanto, no hay ninguna manera evidente de poner fin a esa paralización. Además, aunque Rousseff sea removida del cargo, probablemente la reemplace otro político mediocre, y luego pruebe implementar la misma estabilización económica que ella está tratando de conseguir.
Hay que observar la situación con algo de perspectiva. Brasil está lejos de ser el tipo de caos que existe en Argentina o Venezuela, pese a que su caída en desgracia sea notable. Hace seis años, Lula da Silva proclamó que estaba "convencido de que el XXI era el siglo de Brasil".
Todavía quedan 85 años, por lo que aún puede tener razón. Sin embargo, Lula podría ser procesado por delitos de corrupción. Pocas veces la arrogancia alcanzó niveles tan espectaculares.
