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La apuesta de Lula por revivir el capitalismo de Estado en Brasil

El presidente tiene grandes planes para reactivar la economía, pero sus detractores afirman que trata de revivir una estrategia desacreditada desde hace tiempo.

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Bajo un sol abrasador, trabajadores con monos y cascos dan los últimos retoques a un proyecto industrial que hasta hace poco parecía destinado a quedar inconcluso.

El proyecto Abreu e Lima, una enorme masa de chimeneas y tuberías, fue lanzado en 2005 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva como la primera refinería de petróleo de Brasil en décadas. Terminó siendo uno de los más caros del mundo.

Después de que las estimaciones de costos se dispararan hasta los u$s 20.000 millones -nueve veces el presupuesto inicial-, el proyecto fue considerado por los críticos de Lula como un monumento al despilfarro, la corrupción y la incompetencia durante el gobierno de su Partido de los Trabajadores (PT).

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Atrapado en una trama de sobornos políticos que robó miles de millones a la petrolera estatal Petrobras, su construcción se detuvo en 2014 bajo el mandato de Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Lula. Sólo la mitad de las instalaciones previstas estaban operativas.

Sin embargo, después de que Lula (78 años) iniciara su tercer mandato el año pasado, se ha reanudado la actividad para terminar la planta, situada a una hora de Recife, capital de Pernambuco.

La ampliación de la refinería se enmarca en un programa más grande de obras públicas que es uno de los pilares de los planes del veterano progresista para relanzar la mayor economía de América latina y sacarla de un prolongado periodo de mediocridad.

Desde que regresó al poder, Lula ha tratado de reforzar el papel del Estado en su intento de elevar el estancado nivel de vida del país de más de 200 millones.

En el marco de su plan para la economía, su administración ha impulsado las ayudas sociales, relajado las restricciones al gasto público, prometido mejoras en las infraestructuras y presentado una agenda verde destinada a atraer capital extranjero.

"Quiero transformar este país en un país de clase media en el que la gente pueda comer bien, vestir bien, vivir bien, relajarse bien y cuidar de su familia", dijo en un live de YouTube el mes pasado. "Las inversiones que estamos haciendo ayudarán a Brasil a crecer".

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Sin embargo, sus detractores dicen que su enfoque amenaza con revivir un modelo desacreditado de desarrollo estatista que salió mal en el pasado.

"El Gobierno está repitiendo su receta fracasada de cobrar más impuestos, endeudar al país y gastar más en áreas que benefician más a las élites que a los más pobres", dice Kim Kataguiri, legislador de la oposición.

Los funcionarios del Gobierno, que lleva un año en el poder, defienden su actuación señalando indicadores positivos, como la caída del desempleo, de la inflación y el crecimiento. Las previsiones iniciales de los analistas de un crecimiento del PBI inferior al 1% en 2023 se han elevado a casi el 3% en vista de las cifras del cuarto trimestre.

"Estamos hablando de una nueva industrialización. No pensamos recuperar la industria de los años '70 u '80. Necesitamos una nueva industria... que se combine con la transformación verde", añade Mello.

Situado lejos de los conflictos internacionales y con abundantes recursos naturales -desde hidrocarburos y minerales hasta agricultura y energías renovables-, los defensores de Brasil afirman que el país se encuentra en una posición ideal para desarrollar su tan pregonado potencial.

Pero los inversores y economistas siguen mostrándose escépticos ante el plan económico de Lula, impulsado por el Estado. Si lo ven como que ha perdido el control de las cuentas públicas, advierten que será difícil que el banco central pueda seguir recortando la tasa de interés, que en el 11,75% está ejerciendo un lastre sobre la actividad.

"Brasil acaba de sufrir su segunda década perdida desde los años '80, con una renta per cápita que aún no ha recuperado los niveles de 2013", afirma Roberto Secemski, economista jefe para Brasil de Barclays. "El país necesita una mayor productividad e inversiones de capital, que serían más viables con tasas de interés más bajas. El problema radica en la laxa política fiscal de Brasil".

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Con la previsión de que la expansión del PBI se enfríe durante el próximo año, el presidente se enfrenta a una disyuntiva: tomar una senda macroeconómica más moderada, o redoblar el gasto en un intento de reavivar el crecimiento, a riesgo de que la historia se repita.

"Tenemos que mejorar lo que antes no funcionaba", dice Abinadade Santos, secretario general del sindicato metalúrgico de Recife. "Este es el deber del gobierno de Lula: ver los errores del pasado y garantizar que no se repitan" agrega.

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Durante la era del PT, la refinería y el cercano astillero Atlantico Sul, inaugurado en 2008 y considerado el mayor del hemisferio sur, crearon miles de puestos de trabajo.

Formaba parte de una política industrial emblemática de Lula destinada a resucitar la industria naval nacional con pedidos de petroleros y plataformas por parte de Petrobras.

Pero entonces, en 2014, una investigación nacional destapó una estafa de sobornos centrada en el gigante petrolero, que llevó a la cárcel a docenas de políticos y empresarios. El propio Lula cumplió condena por corrupción, que posteriormente fue anulada.

Junto con el escándalo, la caída de los precios del crudo llevó a Petrobras a cancelar varias compras de buques, lo que supuso un duro golpe para los astilleros nacionales, ya de por sí plagados de sobrecostos presupuestarios, retrasos en las entregas y problemas financieros.

Los despidos masivos en el complejo portuario e industrial de Suape, el vasto emplazamiento que alberga la refinería y el astillero, repercutieron en toda la economía local.

La consiguiente agitación nacional contribuyó a forzar la destitución de Rousseff mediante un juicio político en 2016 y manchó el legado de Lula, un exsindicalista nacido en Pernambuco que de niño se trasladó a San Pablo.

Durante su primer mandato, fue aclamado por sacar a 20 millones de ciudadanos de la pobreza, en una de las sociedades más desiguales del mundo, mediante prestaciones sociales. "Cuando Lula era presidente, fue una de las mejores épocas aquí en Pernambuco, y quizá en todo Brasil", afirma John Bezerra da Silva, que trabajó como soldador en el astillero y la refinería, pero ahora se gana la vida manejando un taxi.

Dirigida ahora por un aliado de Lula, Petrobras planea volver a hacer pedidos a los astilleros nacionales al tiempo que se embarca en un aumento masivo de la producción en alta mar que, según las previsiones, catapultará a Brasil al primer nivel de los productores de crudo.

Pero para lograrlo, la industria tendrá que superar los factores que antes le impedían ser competitiva y cumplir los plazos.

Ecio Costa, profesor de economía de la Universidad Federal de Pernambuco, sostiene que el Gobierno debe concentrarse en mejorar las condiciones para que prospere la empresa privada en su conjunto: "Para tener un desarrollo rápido, se necesita un entorno más propicio para las empresas y las inversiones".

Para eso habrá que abordar problemas estructurales profundos como el exceso de papeleo, las deficientes infraestructuras logísticas, la escasez de personal calificado y la inmanejable burocracia estatal. Todos estos factores contribuyen a lo que se conoce como 'custo Brasil', el elevado costo de hacer negocios en el país.

La reciente aprobación de una enmienda constitucional para simplificar el complejo sistema fiscal del país fue recibida como un paso en la dirección correcta, y S&P mejoró la calificación soberana de Brasil [de BB- a BB], aunque sigue por debajo del grado de inversión.

Esta medida se sumó a otras reformas pro-mercado llevadas a cabo por anteriores gobiernos de derecha, como la revisión del rígido código laboral y de pensiones. Bajo el predecesor de extrema derecha de Lula, Jair Bolsonaro, los ministros buscaron privatizar y tener un gobierno más pequeño.

Pero el desafío es enorme. La productividad de Brasil -la producción por hora trabajada, crucial para aumentar la prosperidad de una nación- creció sólo un 0,5% anual en las cuatro décadas hasta 2022, según el Instituto Getúlio Vargas.

Carla Argenta, economista jefe de CM Capital, afirma que es probable que Brasil se beneficie a corto plazo de la relajación monetaria internacional. "Pero se espera que la limitada capacidad del país para crear motores internos de actividad mantenga el crecimiento del PBI en tasas modestas", agrega. La economía creció a un ritmo anual promedio de sólo el 0,5% en la última década.

La "nueva industrialización"

En su afán por estimular el crecimiento, el gobierno de Lula ha recurrido a una vieja fórmula.

Presentado con bombos y platillos en agosto, el nuevo programa de obras públicas del Gobierno -el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)- retomó el nombre de dos iniciativas anteriores con un historial accidentado.

En el PAC 1, lanzado por Lula en 2007, sólo se ejecutó una cuarta parte de los proyectos, según un análisis de la consultora Inter B. En el PAC 2, puesto en marcha tres años más tarde con Rousseff, la cifra ascendió al 36%.

Los funcionarios, sin embargo, insisten en que la última versión es diferente. Tiene como prioridad completar los proyectos inconclusos y contará con una mayor participación del sector privado a través de concesiones y asociaciones.

"Es una herramienta de planificación que funcionó en el pasado, aunque hubo críticas a proyectos concretos", afirma Guilherme Mello, funcionario del Ministerio de Economía.

De los 1,4 billón de reales (u$s 290.000 millones) de inversiones previstas hasta 2026, u$s 76.000 millones serán de financiación federal. El resto provendrá de financiación bancaria, agentes privados y empresas estatales como Petrobras.

Otro objetivo clave es promover proyectos que combatan el calentamiento global. Brasilia espera aprovechar la buena voluntad internacional que ha despertado la lucha contra la deforestación de la Amazonia.

"Estamos hablando de una nueva industrialización. No pensamos recuperar la industria de los años '70 u '80. Necesitamos una nueva industria... que se combine con la transformación verde", añade Mello.

La estrategia pretende invertir la llamada desindustrialización "prematura", y los partidarios de Lula afirman que los primeros indicios son alentadores.

El fabricante chino de automóviles BYD anunció el año pasado que empezará a producir autos eléctricos en el nordeste de Brasil como parte de una inversión de 3000 millones de reales. El presidente local de la empresa, Alexandre Baldy, afirma que la decisión se debió al compromiso de Lula con la descarbonización y a su encuentro con el fundador de la empresa durante un viaje a China. "El plan económico del Gobierno es muy positivo", afirma Baldy.

Para ayudar a la producción nacional, el Gobierno está cobrando aranceles a los vehículos eléctricos importados. Sin embargo, algunos economistas mainstream desconfían del proteccionismo y de las dádivas a las empresas, argumentando que el aislamiento de los rivales extranjeros ha provocado históricamente a menudo una falta de competitividad en la industria manufacturera brasileña, como la automovilística.

"Los subsidios e incentivos a sectores tienden a durar más de lo imaginado, con un impacto menor del esperado", afirma Gustavo Arruda, economista de BNP Paribas.

Y el margen de maniobra del presupuesto federal brasileño es escaso, ya que cerca del 90% del mismo se destina a partidas no discrecionales, como la seguridad social y las pensiones.

El Gobierno pretende financiar el gasto adicional con una mayor recaudación de ingresos. El ministro de Economía, Fernando Haddad, ha dicho que la intención es terminar con las exenciones, las lagunas y la evasión, en lugar de aumentar la ya elevada presión fiscal general del país.

Además de las dudas sobre si esto es realista, la preocupación en los círculos empresariales es un aumento de los niveles de endeudamiento. La deuda pública, actualmente en el 74% del PBI, es relativamente alta para una economía emergente. Los escépticos advierten de los posibles efectos en cascada sobre la inflación y la confianza de los inversores.

"Aunque no esperamos que [la situación fiscal] desencadene una crisis, el creciente endeudamiento seguirá poniendo de manifiesto la fragilidad de Brasil", afirma Arruda. "La necesidad de un ajuste fiscal en el futuro podría frenar las inversiones del sector privado".

"La cuestión más crítica en la mente de todo inversor a largo plazo o incluso a corto plazo [es] la estabilidad fiscal", afirma Paulo Bilyk, CEO de la gestora de activos Rio Bravo Investimentos. "Todo el mundo tendrá que vigilar los pecados del pasado que intentan repetirse".

Tras el impeachment de Rousseff, se aprobó una enmienda constitucional que limitaba el crecimiento del presupuesto a la inflación. Los inversores la consideraron la piedra angular de la credibilidad fiscal.

Desde el regreso de Lula se ha sustituido por un conjunto de normas más laxo que, aunque impone ciertos límites, exige que el gasto aumente en términos reales. El nuevo marco también promete un aumento gradual del superávit presupuestario primario (antes del pago de intereses) después de equilibrar las cuentas en 2024.

Aunque Haddad defiende el objetivo de déficit cero para este año, Lula ha sugerido que podría no alcanzarse. Su propio partido le presiona para que gaste más de cara a las importantes elecciones municipales de octubre.

Simone Tebet, ministra de Planificación de Brasil, defiende el nuevo marco fiscal como "sostenible" y afirma que la inversión federal como proporción del PBI sigue estando "muy por debajo del promedio mundial. Así que no hay razón para hablar de exceso o ineficiencia en el gasto público".

Aunque Lula afirma que su anterior mandato es prueba de su buena fe fiscal -su primer mandato es reconocido por ceñirse en gran medida a la ortodoxia económica-, los críticos lo acusan de iniciar más tarde una fase más expansiva abrazada por Rousseff.

Y aunque el poderoso Congreso dominado por los conservadores podría resistirse a cualquier giro radical, persisten las dudas de los inversores.

Expectativas y optimismo

La visión de Lula de revitalizar las industrias pesadas de la vieja escuela, estimulando al mismo tiempo nuevos sectores innovadores, se pondrá a prueba en el complejo portuario de Suape.

El director general de la refinería de Petrobras, Marcio Maia, afirma que su ampliación duplicará la capacidad de procesamiento, ayudando a reducir la dependencia de las importaciones de diesel. "Es muy importante para Petrobras y para Brasil".

El CEO del astillero Atlantico Sul, Roberto Brisolla, afirma que la empresa ya estaba mejorando la productividad antes de que se desatara la crisis, alcanzando un nivel de producción por trabajador, no muy lejos del líder mundial, Corea del Sur.

Ahora está diversificando su cartera de pedidos para no depender de Petrobras en el futuro, con la vista puesta en oportunidades como las torres para parques eólicos marinos.

"Vemos un plan en este Gobierno", afirma Brisolla. "Es un momento de renovación, hay expectativas y optimismo. Pero aún queda camino por recorrer".

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AB

Alejandro Bercovich