- Qué cambia en los decretos tras el rechazo del Congreso y qué se mantiene
- Qué pasa con los alquileres y las prórrogas de contratos
- Deducciones fiscales para inquilinos y propietarios
- Qué tiene que pasar ahora para que los decretos sigan vigentes
- Sánchez asegura que seguirá gobernando hasta las elecciones
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a aprobar los dos decretos de vivienda que decayeron tras ser rechazados por el Congreso el pasado viernes. Los nuevos textos mantienen, según el presidente, la esencia de los anteriores e incorporan modificaciones que calificó de “muy positivas”.
Entre los anuncios realizados este martes 6 de octubre, Sánchez ha concretado una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a facilitar el acceso a una primera vivienda.
El mecanismo permitirá conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses y no estará reservado únicamente a los jóvenes. Además, Sánchez ha anunciado que Casa 47 incorporará “miles de inmuebles” procedentes de la Seguridad Social para destinarlos a vivienda.
Los decretos, sin embargo, no cuentan todavía con una convalidación definitiva. Con las Cortes disueltas y las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, Sánchez ha pedido a los grupos políticos que los respalden cuando sean sometidos a la Diputación Permanente.
En conjunto, son 21 medidas que, según ha recalcado, van a facilitar el acceso a la vivienda y también a la compra, permitiendo por ejemplo a los inquilinos desgravarse parte de lo que pagan del alquiler en su declaración de la renta (unos mil euros en el caso de alquileres de 800 euros mensuales) o dando incentivos fiscales a los pequeños propietarios que alquilen su casa a precios asequibles.
Qué cambia en los decretos tras el rechazo del Congreso y qué se mantiene
Además de la financiación para primera vivienda, el nuevo paquete introduce modificaciones sobre determinadas compras especulativas. Según explicó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, algunas restricciones dirigidas a fondos y grandes propietarios se amplían hasta 2030.
También se incorpora un mecanismo para determinados desahucios por impago. En los casos en que una familia vulnerable no pueda hacer frente a la deuda y carezca de alternativa habitacional, la Administración podría asumir la deuda y las costas judiciales en los supuestos previstos por la norma. Estas novedades deberán comprobarse en detalle cuando se publiquen los nuevos textos íntegros.
Así y todo, el Ejecutivo conserva buena parte de las medidas ya incluidas en los decretos anteriores. Entre ellas figuran la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, los incentivos fiscales para propietarios y las medidas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible.
También se mantienen actuaciones sobre viviendas turísticas, SOCIMI, construcción industrializada y movilización de patrimonio público.
En conjunto, Sánchez ha presentado un paquete de 21 medidas que, según el Gobierno, busca intervenir tanto sobre el acceso a la compra como sobre el mercado del alquiler.
Qué pasa con los alquileres y las prórrogas de contratos
Uno de los bloques más sensibles afecta a la duración de los contratos de alquiler.
El decreto anterior permitía a determinados inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años cuando sus contratos estuvieran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, bajo las condiciones previstas por la norma.
El Gobierno también mantiene su intención de limitar determinadas subidas y establecer reglas sobre la finalización de los contratos y los supuestos en los que el propietario puede recuperar la vivienda.
Este es, además, uno de los puntos con mayor incertidumbre política. Según la información facilitada por EFE, el decreto que incluye la extensión de los alquileres podría encontrar más dificultades para ser convalidado que el texto que concentra el resto de las medidas.
Deducciones fiscales para inquilinos y propietarios
El paquete también incorpora incentivos fiscales vinculados al alquiler. Sánchez ha señalado que determinados inquilinos podrán deducirse parte de lo abonado en su declaración de la renta. Como ejemplo, indicó que un alquiler medio de 800 euros podría traducirse en una deducción cercana a 1000 euros, aunque la aplicación dependerá de los requisitos previstos.
Para los propietarios, el Gobierno plantea beneficios fiscales cuando reduzcan los precios del alquiler y un tratamiento menos favorable cuando las renovaciones impliquen subidas elevadas.
El objetivo es utilizar la fiscalidad como incentivo para contener las rentas y aumentar la oferta de alquiler considerada asequible.
Qué tiene que pasar ahora para que los decretos sigan vigentes
La aprobación por parte del Consejo de Ministros no cierra el procedimiento. Los reales decretos ley tienen carácter provisional y deben someterse posteriormente a convalidación o derogación.
La Constitución establece un plazo máximo de 30 días para ese trámite. Al estar disueltas las Cortes, las Diputaciones Permanentes mantienen las competencias que corresponden a las Cámaras en relación con los decretos-ley.
El propio Sánchez ha solicitado a los grupos políticos que convaliden las medidas en la Diputación Permanente y ha defendido que “estamos hablando de una cuestión de humanidad”.
El presidente considera que los decretos contienen medidas “de sentido común” destinadas a proteger a las personas vulnerables y a intervenir sobre un mercado que considera disfuncional y sometido a una elevada especulación.
Sánchez asegura que seguirá gobernando hasta las elecciones
La aprobación de los decretos llega coincidiendo con la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026.
Sánchez ha asegurado que “el Gobierno va a continuar gobernando” y “dando respuesta a los problemas de la gente” mientras se celebra el proceso electoral y se constituye un nuevo Parlamento.
El calendario electoral ya ha sido publicado oficialmente. Las nuevas Cámaras deberán constituirse el 23 de diciembre.
Hasta entonces, uno de los principales exámenes políticos para el Ejecutivo llegará con estos decretos de vivienda: deberán conseguir el respaldo necesario en la Diputación Permanente para evitar que vuelvan a ser derogados.