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El PP y Vox han cerrado acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón que incluyen el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas y recursos públicos, y ya tienen la mirada puesta en Castilla y León como próximo objetivo.
Pese a las tensiones internas entre ambos partidos sobre cómo interpretar ese concepto, los populares han defendido este jueves la coherencia de su posición y han reiterado que lo pactado se ajusta a la Constitución y las leyes vigentes.
El presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, reivindicó el acuerdo en su comunidad durante la celebración del Día de Aragón en el Parlamento autonómico, aunque evitó mencionar el término “prioridad nacional” en su discurso.
Desde Sevilla, el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, defendió la postura del partido e instó a Vox a “explicar su cambio de criterio”, subrayando que la prioridad defendida por los populares está “basada en el arraigo” y es compatible con la Constitución.
PP y Vox: el mismo concepto, dos interpretaciones
La fisura entre los dos partidos no es menor. Para el PP, la prioridad nacional se aplica en función del arraigo, es decir, del grado de vinculación con el territorio y la comunidad. Para Vox, en cambio, el criterio debe ser la nacionalidad de origen. El portavoz de Vox en el Parlament catalán, Joan Garriga, fue explícito: “La nacionalidad la establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española”.
Fuentes del PP han insistido en que los acuerdos firmados son compatibles con la visión del partido y con los documentos aprobados en su último congreso, y han augurado que las “cautelas” se irán disipando una vez que los gobiernos autonómicos comiencen a funcionar.
El partido ya tiene el siguiente objetivo marcado: tras Extremadura y Aragón, el comunicado del PP fue directo: “Otro capítulo cerrado, Aragón. Vamos a por el siguiente”. Ese siguiente es Castilla y León, cuyo presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó que trabajará en las próximas semanas con “intensidad y tranquilidad” para cerrar un acuerdo, sin pronunciarse sobre el controvertido concepto.
El Gobierno anuncia recursos y acusa al PP de pactar con “un partido fascista”
La respuesta del Ejecutivo ha sido de rechazo frontal. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional “cualquier acuerdo” de cualquier comunidad autónoma que vaya “contra la Constitución y aplastando los derechos humanos”, y advirtió que estarán “hipervigilantes”.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el más contundente en sus declaraciones, realizadas en Villalar de los Comuneros durante el Día de Castilla y León. Calificó el concepto de prioridad nacional de “claramente xenófobo y racista” y afirmó que “retrotrae a los años 20 y 30 del siglo XX, a lo peor del siglo XX”.
Puente argumentó además que Castilla y León “se estaría desangrando más de lo que se está desangrando” desde el punto de vista poblacional “si no fuera por los migrantes”, recordando que la comunidad tiene un saldo vegetativo negativo y que cerca de un millón y medio de personas nacidas en ese territorio residen en el extranjero o en otras autonomías.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, acusó al PP de haber vuelto a la “caverna” por haber “mordido la manzana” de Vox, y afirmó que los populares han “rebobinado 40 años para comprar las ideas de un partido fascista, franquista como es Vox”. El pacto en Aragón se ha cerrado además con menos de un mes de distancia para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, lo que añade una dimensión electoral directa al debate.