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La interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un tema de alta sensibilidad política en España. A pesar de que la ley reconoce este derecho desde hace más de tres décadas, el debate sobre su aplicación en el sistema sanitario público continúa polarizando posturas.
En este contexto, el líder del Partido Popular, (PP) Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto propone crear un registro de médicos dispuestos a practicar abortos, en lugar del actual listado obligatorio de objetores de conciencia que exige la ley. Esto, en caso de que llegara a ser presidente del Gobierno.
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Un cambio en la interpretación de la normativa
Durante una entrevista en Antena 3, Feijóo sostuvo que lo relevante "para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas". Y agregó: "Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria".
La propuesta fue ampliada por Alma Ezcurra, vicesecretaria de Acción Sectorial del PP, quien explicó que el objetivo es demostrar que su partido "no es de listas negras" sino de "cumplimiento de la legalidad". Subrayó además que quien no esté de acuerdo con la ley, "tendrá que ganar las elecciones para cambiarla".
Feijóo también defendió el derecho de los médicos a declararse objetores: "Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar un aborto".
El líder popular insistió en que en comunidades como Madrid la ley se cumple y que los abortos se practican "todos los días y todas las semanas en hospitales públicos, de acuerdo con el criterio de los facultativos".
Críticas desde el Gobierno y la oposición
La respuesta desde el Gobierno no se hizo esperar. La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó al PP de lanzar "ocurrencias" y le instó a "cumplir la ley". "Es imposible entender la estrategia del Partido Popular con el aborto. Cada semana dicen una cosa distinta", declaró.
García también cuestionó la actitud del partido con respecto a los derechos de las mujeres: "¿Qué les pasa con las mujeres? ¿Por qué esa obsesión con cuestionar derechos conquistados?".
En una línea similar se expresó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aunque apoyando la visión de Feijóo. Desde Bruselas, afirmó: "Las mujeres lo que querrán es saber quiénes son los médicos que pueden practicar el aborto y no quiénes no lo pueden practicar".
La propuesta llega tras semanas de tensión entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, a raíz de una carta enviada por Pedro Sánchez en la que exigía a sus presidentes autonómicos cumplir la ley vigente y activar el registro de objetores de conciencia.
El trasfondo político y legal de la propuesta
La ley actual, reformada en 2022, establece que todas las comunidades deben contar con un registro de objetores para garantizar el acceso efectivo al aborto. En algunos territorios, sin embargo, la implementación ha sido escasa o inexistente.
Feijóo argumenta que su alternativa responde a una lógica práctica, ya que considera que lo prioritario para las mujeres es acceder a la información sobre médicos disponibles, y no sobre quienes rechazan intervenir.
No obstante, especialistas en derecho sanitario advierten que esta propuesta podría entrar en conflicto con la normativa vigente, ya que invierte el principio de transparencia sobre la objeción de conciencia contemplado en la ley.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se trabaja en un proyecto de reforma constitucional para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna, una iniciativa que busca frenar retrocesos legales futuros y estabilizar el marco jurídico del aborto en España.
