En esta noticia
El Ministerio de Vivienda trabaja para que el próximo martes 29 llegue al Consejo de Ministros el decreto de vivienda que el Gobierno aspiraba a aprobar en julio, mientras aumenta la presión de Sumar para que no se retrase y crece la movilización social tras el desahucio de Maricarmen.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado para este sábado una manifestación en Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, con la que pretende “señalar” a quienes considera responsables del desahucio de esta mujer de 87 años, que residía desde hace siete décadas en la vivienda y pagaba una renta antigua de 500 euros mensuales.
La empresa le exigió un aumento del 275%, es decir, hasta los 1650 euros mensuales, frente a los cerca de 500 que pagaba. Esta se convirtió en una cifra que ella no podía asumir con su pensión de 1350 euros. Sin embargo, la mujer nunca dejó de pagar sus alquileres.
¿Por qué aumenta la presión para aprobar el decreto el martes?
Aunque la intención del Gobierno era aprobar el decreto en julio, el rechazo previo del denominado ‘escudo social’ en el Congreso evidenció la falta de apoyos parlamentarios y obligó a retrasar la iniciativa.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya señaló este jueves que el Ejecutivo trabaja con la previsión de llevarla al Consejo de Ministros el próximo martes, aunque necesita respaldo de los grupos para sacarla adelante.
El desahucio de Maricarmen ha elevado las exigencias de Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este viernes que el decreto debe aprobarse el martes y ha afirmado que no contempla otro escenario.
“Hay momentos en política que son determinantes y decisivos y que hay que actuar. El Gobierno tiene que estar a la altura”, ha señalado Bustinduy en una entrevista en RNE.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también ha asegurado que “hay margen” para que el Consejo de Ministros apruebe la norma y ha destacado el regreso de Junts a las conversaciones.
En una entrevista en la SER, ha afirmado que el Ejecutivo está dispuesto a debatir sobre las bonificaciones fiscales que plantee la formación catalana. Además, el Movimiento Sumar mantiene una recogida de firmas para reclamar al Gobierno la expropiación al fondo Urbagesa del piso de Maricarmen.
¿Qué propone Junts para facilitar un acuerdo sobre vivienda?
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reclamado un “mínimo común denominador” entre las distintas fuerzas parlamentarias para aprobar “lo antes posible” medidas ante la “grave crisis” de vivienda.
En declaraciones a TV3, Nogueras ha explicado que el PSOE les ha trasladado que ve “con buenos ojos” algunas iniciativas que Junts ya registró en el Congreso y que entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 3 de septiembre.
Entre sus propuestas figuran desgravaciones para los alquileres, la adquisición de vivienda y las cuentas de ahorro, además de la suspensión de desahucios cuando las viviendas pertenezcan a fondos de inversión y la prohibición de que estos fondos adquieran más inmuebles.
¿Qué cambios reclaman los sindicatos de inquilinas?
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha presentado al Ministerio de Vivienda su propuesta de “decreto Maricarmen”, que incluye cinco medidas. La principal novedad es la exigencia de que los propietarios acrediten una causa justificada para no renovar un contrato de alquiler. Si no existe esa causa, la organización plantea que deban indemnizar al arrendatario.
La portavoz de la Confederación, Carme Alcarazo, ha explicado que el resto de las medidas pasan por reforzar la protección frente a los desahucios, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, aprobar prórrogas “efectivas” de los contratos vigentes y congelar al 0% las actualizaciones anuales de las rentas.
Según Alcarazo, estas reivindicaciones ya fueron planteadas en julio y están contempladas de alguna forma en el borrador que negocia el Gobierno, salvo la renovación automática con indemnización por cese injustificado. Su propuesta establece una compensación equivalente a un mes de alquiler por cada año de permanencia en la vivienda.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid, por su parte, ha llamado a “desbordar las calles” en la manifestación de este sábado, que comenzará a las 18.30 horas entre la Puerta del Sol y el Congreso.
Su portavoz, Alicia del Río, ha señalado que el caso de Maricarmen se ha convertido en un “símbolo” y ha afirmado que la organización ha recibido más de 2000 solicitudes de personas interesadas en participar y peticiones para crear nuevos sindicatos y nodos en distintos puntos de España.
¿Qué reclama la Unión Progresista de Fiscales tras el desahucio?
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que el Ministerio Fiscal pueda intervenir en procedimientos de desahucio cuando estén afectadas personas en situación de especial vulnerabilidad, como menores, personas con discapacidad, dependientes o mayores.
En un comunicado, la UPF ha señalado que el caso de Maricarmen evidencia que el ordenamiento jurídico todavía carece de instrumentos suficientes para garantizar una protección jurídica adecuada antes de un lanzamiento. La organización ha precisado que su propuesta no cuestiona las resoluciones judiciales ni los derechos legítimos de los propietarios, sino que plantea una modificación de carácter legal e institucional.
La organización ha recordado que actualmente intervienen los servicios sociales, se elaboran informes, se informa a las administraciones competentes y el juez debe valorar las circunstancias personales y familiares antes de decidir.
Sin embargo, considera que no existe una previsión general que permita al Ministerio Fiscal intervenir de forma específica para proteger a una persona vulnerable dentro del procedimiento civil de desahucio.
La UPF ha aclarado que no plantea la intervención de los fiscales en todos los desahucios ni la paralización automática de los lanzamientos.
Su propuesta busca que la Ley de Enjuiciamiento Civil permita la actuación del Ministerio Fiscal cuando el procedimiento pueda afectar a personas especialmente vulnerables, para garantizar que sus derechos cuenten con protección jurídica antes de la ejecución del lanzamiento. Fuente: EFE