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La causa judicial contra Begoña Gómez ha escalado en el debate político español. Las decisiones del juez han generado una reacción inmediata del Gobierno, que interpreta el proceso en clave institucional y política.
En este contexto, el Ejecutivo ha salido en bloque a cuestionar el auto del juez Juan Carlos Peinado, que propone juzgar a la esposa del presidente Pedro Sánchez por varios delitos. La respuesta ha sido contundente: varios ministros han sugerido que podría tratarse de una persecución política.
El Gobierno cuestiona la decisión judicial y habla de causas políticas
El Gobierno ha criticado de forma coordinada el auto judicial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que la instrucción ha generado rechazo incluso dentro del ámbito judicial.
Según sus palabras, “el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable”, una afirmación que marcó el tono de la respuesta institucional.
En la misma línea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más allá y planteó una duda de fondo: si se trata de causas destinadas a perseguir delitos o si buscan “violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente”.
El Ejecutivo insiste en que estas declaraciones se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y en la defensa del sistema democrático, subrayando que criticar resoluciones judiciales no implica cuestionar el Estado de Derecho.
El PSOE y sus socios refuerzan el respaldo a Begoña Gómez
El respaldo no se limita al Gobierno. El PSOE y sus aliados parlamentarios han cerrado filas en torno a la defensa de Begoña Gómez y a las críticas contra el proceso judicial.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, defendió la inocencia de Gómez y lanzó un mensaje directo: “El tiempo y la justicia real pondrán a cada uno en su sitio”, en referencia tanto al proceso como al papel del juez.
Desde Sumar, la portavoz Verónica Martínez Barbero calificó la investigación de “vergonzante” y denunció que el procedimiento habría carecido de garantías suficientes. En una línea similar, otras voces del espacio político han apuntado incluso a posibles irregularidades en la instrucción.
Sin embargo, no todos los socios mantienen el mismo tono. Ione Belarra optó por la cautela y reconoció que no hay suficiente información para determinar con claridad si se trata de un caso de corrupción o de una “guerra sucia judicial”.
La oposición critica al Gobierno y exige respeto a la Justicia
La reacción de la oposición ha sido inmediata. Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de atacar a la Justicia y de generar un clima de deslegitimación institucional.
Feijóo defendió que “a la justicia se la respeta, no se la desprecia” y señaló directamente a Sánchez como responsable del deterioro político actual.
En una posición aún más dura, la portavoz de Vox, Pepa Millán, calificó la situación como propia de una “república bananera” y criticó las declaraciones del Gobierno contra el poder judicial.
El enfrentamiento político refleja una fractura creciente. Mientras el Ejecutivo defiende que se trata de una persecución política, la oposición denuncia un intento de desacreditar a la Justicia. En medio, el proceso judicial sigue su curso y mantiene en tensión a las principales instituciones del país.