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El debate sobre vivienda vuelve a tensar el escenario político en España. Junts ha abierto la puerta a apoyar un nuevo decreto, pero lo hace con condiciones claras que el Gobierno deberá asumir.
La formación vinculada a Carles Puigdemont exige cambios fiscales y medidas concretas. Entre ellas, la aplicación del IVA franquiciado para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros.
El movimiento llega tras la caída del anterior decreto en el Congreso. Ahora, el futuro de la política de vivienda depende de una negociación que se presenta compleja.
Las condiciones de Junts para apoyar el decreto de vivienda
Junts ha fijado una serie de exigencias para dar su apoyo a un nuevo decreto. Estas medidas buscan introducir cambios fiscales tanto para propietarios como para inquilinos.
Entre las propuestas destaca la creación de deducciones fiscales por la compra y la renovación de vivienda. También plantean rebajas en el alquiler para quienes tengan ingresos inferiores a 33.007,20 euros.
Otra de las demandas apunta a colectivos vulnerables. El partido propone deducciones para personas mayores que deban vender su vivienda para afrontar gastos de residencia o atención sanitaria.
Además, reclaman una reforma del Código Civil. El objetivo es permitir que los deudores hipotecarios puedan cancelar su deuda al precio de venta del banco a un tercero.
El IVA franquiciado, la clave que condiciona el apoyo político
Más allá de la vivienda, Junts ha puesto sobre la mesa una exigencia clave. El partido condiciona su apoyo a la aplicación del IVA franquiciado para autónomos.
Esta medida beneficiaría a quienes facturen menos de 85.000 euros al año. Se trata de una condición que ya había sido planteada en negociaciones anteriores.
Desde la formación consideran que este punto es imprescindible. Sin su inclusión, advierten que no respaldarán el nuevo decreto en el Congreso.
El IVA franquiciado se convierte así en una pieza central. Su aprobación podría desbloquear el acuerdo político necesario para sacar adelante la norma.
Tensión política tras la caída del decreto de alquileres
El rechazo del anterior decreto ha intensificado el enfrentamiento político. Desde el PP, las críticas han sido directas contra el Gobierno. El diputado Sergio Sayas ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Según Sayas, la situación refleja una “enmienda a la totalidad” a la política del Ejecutivo. También criticó su posición en el Congreso durante las últimas semanas.
Por su parte, la ministra ha defendido la gestión del Gobierno. Ha afirmado estar “orgullosa” del trabajo realizado y ha criticado la postura del PP.