La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que el PP va a hacer una solicitud de amparo a la mesa del Congreso para que el Gobierno desclasifique 150 documentos que la formación de Alberto Núñez Feijóo le ha pedido y no les han entregado. Según EFE, en una rueda de prensa, Muñoz ha reclamado que su grupo parlamentario tiene 150 peticiones de documentación que el Gobierno no les ha dado. “La transparencia no llega a lo que hacen ellos, llega a lo que pasaba y estaba juzgado hace 45 años”, ha criticado, tras la aprobación del Consejo de Ministros de la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado del 23F. Muñoz ha insistido en que el “furor” de Sánchez por hablar del 23F viene de todos los “escándalos” que afectan al Gobierno y que “la pena” es que solo quiera desclasificar documentos de hace 45 años y no “de ahora”. La desclasificación de los documentos del 23F ha sido una reivindicación histórica por parte de partidos, investigadores y periodistas para conocer los pormenores de lo que sucedió en el intento de golpe de Estado en febrero de 1981. En ese sentido, los archivos secretos incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas, ha confirmado la ministra portavoz, Elma Saiz, quien no ha aclarado detalles sobre quiénes son los interlocutores implicados. Algunas de las incógnitas que persisten sobre la intentona golpista giran en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981 entre el Congreso, tomado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada. Toda la documentación hasta ahora clasificada y “que se ha encontrado” será de acceso libre mañana miércoles a mediodía desde la página web de Moncloa, según ha anunciado Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz popular ha enumerado algunos de estos documentos, entre ellos los expedientes de las contrataciones en empresas públicas de Leire Díez y de las mujeres relacionadas con José Luís Ábalos y Koldo García; o el expediente de la licencia de la operadora Villafuel, que pidió Víctor de Aldama al Gobierno. También el expediente del contrato de reforma del Palacio de Congresos de Madrid cedido a ONU Turismo o los expedientes de las ayudas del fondo de rescate, como las de Plus Ultra o Air Europa. “Sería sorprendente que estuvieran dispuestos a desclasificar documentos de hace 45 años sobre un caso que, por cierto, está ya juzgado y que no lo haga, sobre todo las cuestiones que están ahora mismo encima de la mesa y que afectan a su Gobierno”, ha señalado Muñoz.