En esta noticia
- Madrid reclamará al Gobierno los gastos de la acampada de Sol: cuánto dinero exige
- Ayuso responsabiliza a Pedro Sánchez por los 38 días de protesta en la Puerta del Sol
- Los acampados denuncian “violencia extrema” y aseguran que hay un joven hospitalizado
- Por qué comenzó la acampada de Sol y qué relación tiene con la crisis de la vivienda
La acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tras 38 días de protesta y el posterior desalojo policial, la Comunidad de Madrid anunció que reclamará a la Delegación del Gobierno los perjuicios económicos ocasionados durante la ocupación de la plaza.
Según los cálculos difundidos por el Ejecutivo autonómico, la protesta provocó un impacto económico de 750.000 euros en Metro de Madrid, mientras que los comercios de la zona habrían registrado pérdidas superiores a los 30 millones de euros. Estas últimas cifras fueron comunicadas por el Gobierno regional, sin que se haya aportado en la información disponible un desglose de su cálculo.
La decisión llega después del operativo del 3 de noviembre, cuando unos 400 agentes de la Policía Nacional y Municipal desalojaron a 334 personas. Sin embargo, la polémica continúa: este viernes, los organizadores de la acampada denunciaron presuntas agresiones policiales y reclamaron responsabilidades por lo que calificaron como un episodio de “violencia extrema”.
Madrid reclamará al Gobierno los gastos de la acampada de Sol: cuánto dinero exige
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, anunció la apertura de un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la Delegación del Gobierno para reclamar los gastos y perjuicios derivados de la protesta que permaneció instalada en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 4 de noviembre, el dirigente autonómico lamentó que la plaza hubiera permanecido “secuestrada” durante más de un mes por una concentración que calificó de “ilegal”.
De acuerdo con las estimaciones regionales, Metro de Madrid sufrió un impacto de 750.000 euros durante los 38 días de acampada. La cifra incluye tanto los gastos extraordinarios de limpieza y seguridad como el lucro cesante vinculado a una reducción estimada de 494.000 viajeros.
García Martín también señaló el “impacto negativo en los comercios de la zona, con pérdidas superiores a los 30 millones de euros, que han amenazado el empleo de todos estos comercios”.
No obstante, la Administración autonómica no precisó qué parte de estos importes formará parte de la reclamación patrimonial ni si incluirá las pérdidas comerciales estimadas. La apertura del procedimiento tampoco supone que el Gobierno central haya reconocido responsabilidad económica alguna.
Ayuso responsabiliza a Pedro Sánchez por los 38 días de protesta en la Puerta del Sol
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, endureció sus críticas contra Pedro Sánchez después del desalojo de la acampada, que se produjo durante la madrugada del martes 3 de noviembre.
“Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad”, escribió la dirigente del Partido Popular en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una fotografía de los trabajos de limpieza posteriores a la intervención.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, también cuestionó la actuación de la Delegación del Gobierno. Según afirmó, durante la protesta existieron problemas de seguridad, insalubridad y daños al patrimonio que, a su juicio, justificaban una intervención anterior.
Desde la Delegación del Gobierno, en cambio, defendieron que la permanencia de los manifestantes se encontraba inicialmente amparada por el derecho fundamental de reunión, mientras conservara su carácter temporal y una finalidad reivindicativa común.
La institución explicó que la decisión de intervenir respondió a un cambio de circunstancias. El 30 de octubre, los organizadores habían comunicado la disolución de las comisiones encargadas de coordinar la protesta y la finalización de su reivindicación inicial.
A pesar de ello, algunas personas permanecieron en el lugar. La Delegación aseguró que se habían detectado hechos presuntamente delictivos, incidentes y riesgos para la seguridad que terminaron por justificar el desalojo como “último recurso”.
La operación movilizó a 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de bomberos y Servicios Sociales. Según las autoridades, fueron desalojadas 334 personas y se produjeron dos detenciones por desobediencia y resistencia.
Los acampados denuncian “violencia extrema” y aseguran que hay un joven hospitalizado
Lejos de cerrarse con el desmantelamiento de las tiendas, el conflicto sumó un nuevo capítulo este viernes 6 de noviembre, cuando los integrantes del movimiento Acampada 26S denunciaron públicamente el trato recibido durante la intervención policial.
En declaraciones recogidas por EFE, varios manifestantes aseguraron que los agentes irrumpieron en la acampada sin previo aviso, cortaron tiendas de campaña y utilizaron expresiones insultantes y amenazas contra las personas que permanecían en la plaza.
Los organizadores calificaron la actuación como un episodio de “violencia extrema” y afirmaron que algunos participantes sufrieron lesiones que requirieron atención médica.
Uno de sus portavoces, Juanlu Sánchez, relató que había sufrido los efectos del gas pimienta durante el operativo: “No podía ver, ni hacer nada, lo único que podía hacer era llorar y gritar debido a una agresión por gas pimienta”.
Los manifestantes también aseguraron que un joven permanece hospitalizado en el Hospital 12 de Octubre debido a un traumatismo que, según su versión, le provocó una excavadora utilizada durante el desalojo. Además, denunciaron la pérdida de pertenencias personales, incluidas las de personas sin hogar.
Estas acusaciones corresponden al relato de los integrantes de la acampada y no cuentan con una corroboración independiente en la información facilitada. Por su parte, la Delegación del Gobierno había sostenido que la operación se desarrolló sin alteraciones violentas del orden público y bajo criterios de proporcionalidad.
Por qué comenzó la acampada de Sol y qué relación tiene con la crisis de la vivienda
La protesta comenzó el 26 de septiembre en el kilómetro cero de Madrid, tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas de alquiler en el mismo domicilio.
Su caso se convirtió en el detonante de una movilización que reclamaba soluciones a la crisis de acceso a la vivienda y que mantuvo una presencia continuada en uno de los espacios más transitados de la capital.
Durante las últimas semanas de octubre, parte de los organizadores había anunciado una retirada progresiva de las instalaciones para preparar la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
La Delegación del Gobierno aseguró que mantuvo contactos con los manifestantes para facilitar una salida voluntaria y resolver los problemas de seguridad detectados. Sin embargo, la permanencia de algunas instalaciones y los incidentes comunicados por la Policía precipitaron la orden definitiva de desalojo.
Ahora, el conflicto presenta dos reclamaciones de responsabilidades diferentes: por un lado, la Comunidad de Madrid busca recuperar los gastos y perjuicios económicos que atribuye a la acampada; por otro, los manifestantes exigen que se investigue la actuación policial y se depuren las posibles responsabilidades por las lesiones que denuncian.