La regularización extraordinaria de migrantes en España volvió este jueves al centro del debate político tras las nuevas críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien cargó con dureza contra el proceso aprobado por el Ejecutivo central. La dirigente aseguró que la iniciativa supone “la ilegalidad absoluta” y lanzó duras acusaciones sobre sus posibles efectos. El enfrentamiento entre administraciones se intensificó esta semana y sumó nuevos capítulos políticos y judiciales. El cruce de declaraciones coincide con la puesta en marcha del proceso, con nuevas citas presenciales para solicitantes y con la ofensiva legal presentada por la Comunidad de Madrid ante los tribunales. La discusión se instaló además en la agenda nacional por el impacto social, administrativo y presupuestario que podría tener la medida en varias autonomías. Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso afirmó que “cualquier delincuente de medio pelo de una cárcel hoy puede ser regularizado” en España. También sostuvo que la medida busca “atascar” los servicios públicos madrileños, hacer “daño gratuito” y “promover la inseguridad y la tensión en las calles”. La presidenta regional añadió que el proceso se ha puesto en marcha “con prisas” y “con descontrol”, y lo calificó como “una chapuza improvisada” que “va a crear verdaderos problemas de seguridad”. A su juicio, la iniciativa carece de planificación y traslada a las comunidades autónomas parte del coste de gestión sin una financiación suficiente. Ayuso también defendió que Madrid soportará una presión adicional sobre sanidad, educación y servicios sociales si no existe un refuerzo presupuestario paralelo. Sus declaraciones llegan pese a que el Gobierno ha explicado que la regularización excluye a personas con antecedentes penales o que supongan un riesgo para la seguridad nacional o el orden público. El pasado 20 de abril, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acusó a Ayuso y al alcalde José Luis Martínez-Almeida de “torpedear” la regularización y les pidió que se pusieran a “remar” para que el proceso fuera “un éxito”. El representante del Ejecutivo central aseguró además que se trata de una medida pensada para “dar derechos a personas que lo necesitan, que viven entre nosotros y que quieren perfeccionar su estancia en nuestro país”. Según sostuvo, la normalización administrativa puede favorecer la integración laboral y reducir situaciones de vulnerabilidad. Ese mismo día comenzó la atención presencial para quienes habían solicitado cita previa en una red de más de cuatrocientas oficinas habilitadas. El Ejecutivo central insistió en que la vía preferente sigue siendo la telemática y que varias entidades colaboradoras participan en el acompañamiento administrativo de los solicitantes. Fuentes gubernamentales remarcaron que el objetivo es agilizar expedientes y evitar colapsos en las primeras semanas de funcionamiento. El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo madrileño contra la regularización extraordinaria de migrantes. La Comunidad de Madrid pidió además como medida cautelar la suspensión del real decreto mientras se resuelve el procedimiento. Desde el Gobierno regional justificaron la impugnación al considerar que la medida afecta “gravemente” a los servicios públicos madrileños, carece de financiación suficiente y plantea dudas sobre su encaje con la normativa europea. La admisión a trámite no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí abre un recorrido judicial que podría extenderse durante meses. Mientras tanto, la regularización continúa su desarrollo administrativo y mantiene abierto un debate político de alta intensidad. Con el caso ya en sede judicial, la discusión entra ahora en una nueva fase con impacto directo sobre una de las decisiones migratorias más sensibles del año y con consecuencias que pueden proyectarse más allá de Madrid.