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La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a situarse en el centro del debate económico y social en España. Con el inicio de las negociaciones para 2026, el Gobierno busca alcanzar un acuerdo que combine mejora salarial, estabilidad económica y consenso entre los agentes sociales.
En ese contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado su intención de pactar la subida del SMI con sindicatos y patronal, al tiempo que ha reclamado a todos los actores implicados responsabilidad y compromiso en una negociación clave para millones de trabajadores.
Yolanda Díaz abre la negociación del SMI para 2026
Díaz ha asegurado que convocará de forma inmediata la mesa de diálogo social para abordar la actualización del salario mínimo. “A esa mesa le pido que esté a la altura del país”, ha afirmado tras presentar el informe del comité de expertos que asesora al Gobierno en esta materia.
El documento plantea dos escenarios de incremento para 2026. El primero propone una subida del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, exentos de tributación. El segundo eleva el aumento al 4,7%, lo que situaría el SMI en 1.240 euros brutos mensuales, en este caso con tributación. Díaz ha evitado pronunciarse sobre cuál de las dos opciones prefiere y ha subrayado que “el Gobierno está en este informe”.
La ministra también ha expresado su preferencia por alcanzar un acuerdo amplio. “Prefiero un acuerdo a otras realidades”, ha señalado, insistiendo en que la vía del consenso sigue siendo prioritaria para el Ejecutivo.
Posturas enfrentadas entre sindicatos y patronal
Las posiciones de los agentes sociales parten de planteamientos muy distintos. Mientras que UGT y CCOO defienden una subida del 7,5%, que llevaría el SMI hasta los 1.273 euros brutos al mes, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme proponen un incremento mucho más moderado, del 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos mensuales, siempre en 14 pagas.
Desde el ámbito sindical, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha fijado una línea clara en la negociación. Para su organización es “irrenunciable” que el salario mínimo alcance el 60% de la media salarial neta, con independencia del tratamiento fiscal que se aplique.
Sordo ha señalado que “lo lógico y deseable es que en España tengan que hacer la declaración de la renta todas las personas”, pero ha advertido de que no puede existir un “coste fiscal” que sitúe el salario final por debajo de ese umbral del 60%.
Blindar el salario mínimo y evitar absorciones
Más allá del porcentaje de subida, el Gobierno y los sindicatos coinciden en la necesidad de reforzar la protección legal del SMI. Yolanda Díaz ha explicado que se tramitará una norma paralela para impedir que las empresas absorban la subida mediante pluses o complementos salariales.
“Si una persona cobra un plus de peligrosidad, ese plus no debe desaparecer cuando sube el SMI”, ha subrayado la ministra, que ha insistido en que el objetivo es que la mejora salarial sea “real y efectiva”.
En la misma línea, Sordo ha reclamado una “garantía política” de que se modificará el reglamento del salario mínimo para evitar prácticas que, según denuncia, algunas empresas utilizan para neutralizar el impacto de la subida. “Muchas empresas están haciendo trampas”, ha advertido.
Un salario mínimo con mayor alcance social
El informe del comité de expertos también refleja un cambio significativo en el alcance del SMI dentro del mercado laboral. En 2018, el 11,7% de las personas que trabajaron en algún momento del año percibieron el salario mínimo, y solo el 5,3% lo cobraron durante todos los meses trabajados.
En 2023, esos porcentajes aumentaron hasta el 20,4% y el 7,8%, respectivamente, lo que evidencia una mayor extensión del SMI entre la población ocupada. El perfil de quienes lo perciben también ha cambiado, con más trabajadores de mayor edad y experiencia, empleados en empresas pequeñas, especialmente en los sectores agrícola, comercial y de servicios.
Díaz ha recordado que en los últimos siete años el salario mínimo ha subido un 61%, contribuyendo a reducir la desigualdad salarial. “Nadie cuestiona el SMI en nuestro país”, ha afirmado, mientras se abre una negociación que vuelve a poner el foco en el papel del salario mínimo como herramienta clave de cohesión social.
