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La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha realizado un pedido puntual y radical para lograr que los precios de la energía en Españaterminen con las fuertes subidas, y se alivie el bolsillo de los usuarios.
La organización ha solicitado que se reforme el sistema, de manera tal que las energías renovables deben ser fundamental para hacer más predecibles, estables y justos los precios de la energía. Aquí te contamos los detalles.
El duro pedido de la CECU para bajar los precios de la energía
De cara a la celebración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, el próximo miércoles15, CECU recuerda que el acceso al suministro eléctrico es un derecho básico.
En ese sentido, ha apuntado que, en España, según una encuesta realizada en febrero, 4 de cada 10 consumidores se encuentran en situación de vulnerabilidad energética.
Para que la transición energética sea "justa", según la confederación, el Gobierno debe actuar para evitar abusos y malas prácticas por parte de las empresas, controlar la escalada de precios y garantizar el acceso al suministro eléctrico para todas las personas para vivir una vida digna.
"Transparencia en el mercado energético", el reclamo principal
Según ha especificado la agencia EFE, esta organización pide transparencia en el mercado energético, a través de una auditoría de los precios que garantice que se paga un precio justo por cada fuente, especialmente en el caso de las grandes centrales hidroeléctricas.
Por otra parte, se solicita al gobierno que se implementen mecanismos de gestión de la demanda para aprovechar de forma eficiente la producción renovable, y que se "munipalicen" las redes de distribución eléctrica, que primen en la gestión criterios de interés general y local frente a los económicos de las empresas privadas.
Otro de los puntos fuertes del reclamo es la solicitud de inversión por parte del estado en producción de energía renovable, la garantía de que todas las personas consumidoras puedan tener acceso a fuentes de energía renovables autoproducidas y la sustitución del bono social por un sistema de tarifa social, que "abandone su carácter asistencialista".
