El artículo 169 de la Ley General Tributaria establece el orden que debe seguir la Administración para embargar los bienes y derechos de un contribuyente cuando una deuda tributaria entra en fase ejecutiva. Entre los primeros elementos de esa relación aparecen el dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
El procedimiento se activa cuando una deuda no se paga en el período voluntario y, tras la correspondiente providencia de apremio, tampoco se atiende el pago dentro del plazo establecido. A partir de ese momento, Hacienda puede iniciar actuaciones de embargo para cobrar la cantidad pendiente.
El dinero de las cuentas aparece entre los primeros bienes que puede embargar Hacienda
El artículo 169 de la Ley General Tributaria fija un orden para el embargo y establece que debe respetarse el principio de proporcionalidad, de manera que se embarguen bienes y derechos suficientes para cubrir la deuda, los intereses, los recargos y las costas del procedimiento.
La propia norma sitúa entre los primeros bienes susceptibles de embargo:
- Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
- Créditos, efectos y valores realizables a corto plazo.
- Sueldos, salarios y pensiones.
- Bienes inmuebles.
- Intereses, frutos y rentas.
- Establecimientos mercantiles o industriales.
- Metales preciosos, piedras preciosas, joyería y antigüedades.
- Bienes muebles y semovientes.
- Créditos, efectos y valores realizables a largo plazo.
Por tanto, el embargo de una cuenta bancaria puede producirse antes que el de otros bienes del contribuyente cuando el procedimiento llega a esta fase.
Qué ocurre después de la providencia de apremio
La providencia de apremio es el acto que inicia el procedimiento de apremio y permite a la Administración exigir el pago de la deuda por la vía ejecutiva.
Si el contribuyente no paga dentro del plazo correspondiente, la Administración puede proceder contra sus bienes y derechos. El artículo 167 de la Ley General Tributaria regula precisamente el inicio del procedimiento de apremio y la posibilidad de continuar con la ejecución sobre el patrimonio del deudor.
Cuando se trata de una cuenta bancaria, la Agencia Tributaria comunica la diligencia de embargo a la entidad financiera. El banco debe retener las cantidades disponibles hasta cubrir el importe indicado en la diligencia.
El artículo 79.6 del Reglamento General de Recaudación establece que las cantidades retenidas deben ingresarse en el Tesoro una vez transcurridos 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba, siempre que la entidad no haya recibido una comunicación en contrario del órgano de recaudación.
Qué dinero no puede embargarse
El embargo de una cuenta no permite retirar automáticamente todo el dinero existente. Existen límites legales, especialmente cuando en ella se reciben ingresos procedentes del trabajo o de una pensión.
El artículo 171.3 de la Ley General Tributaria establece que, cuando en una cuenta embargada se abonan sueldos, salarios o pensiones, deben respetarse las limitaciones previstas en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este artículo considera inembargable la cantidad que no exceda del salario mínimo interprofesional y establece porcentajes progresivos para las cantidades que superen ese límite.
Qué hacer si Hacienda ordena el embargo de una cuenta
- Comprobar la diligencia de embargo y la deuda a la que corresponde.
- Revisar el importe reclamado y comprobar si la deuda ya fue pagada, aplazada, fraccionada o suspendida.
- Si la deuda es correcta, pagarla o solicitar las opciones de aplazamiento o fraccionamiento disponibles.
- Comprobar que se hayan respetado los límites de inembargabilidad cuando la cuenta recibe un salario, una pensión u otros ingresos protegidos.
El embargo de una cuenta bancaria se produce, por tanto, dentro de un procedimiento reglado: primero debe existir una deuda exigible, después puede iniciarse el período ejecutivo y, tras la providencia de apremio y el incumplimiento del pago, Hacienda puede proceder al embargo de los bienes y derechos siguiendo el orden establecido por el artículo 169 de la Ley General Tributaria.