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Los jubilados y pensionados que perciben determinadas prestaciones en España deberán cumplir con un trámite obligatorio para mantener el cobro de su pensión. La medida afecta, principalmente, a los beneficiarios de pensiones no contributivas y a los pensionistas de la Seguridad Social española que residen en el extranjero, quienes deberán acreditar su supervivencia mediante la documentación correspondiente.
La presentación del certificado de supervivencia forma parte de los controles administrativos que realiza la Administración para comprobar que el beneficiario mantiene el derecho a la prestación. En caso de incumplimiento, el pago de la pensión puede suspenderse hasta que la situación quede regularizada.
¿Quiénes están obligados a presentar el certificado de supervivencia?
No todos los pensionistas deben realizar este trámite. La obligación alcanza a quienes cobran una pensión no contributiva, tanto de jubilación como de invalidez, y, en determinados supuestos, a los pensionistas de la Seguridad Social española que viven fuera de España y deben acreditar su fe de vida de forma periódica.
En el caso de los residentes en el extranjero, la acreditación puede efectuarse mediante el certificado de fe de vida expedido por la autoridad competente o a través de los sistemas digitales habilitados por la Administración española cuando estén disponibles. El objetivo consiste en confirmar que el titular continúa con vida y conserva el derecho al cobro de la prestación.
¿Qué ocurre si no presentan la documentación?
La falta de presentación del certificado dentro del plazo establecido puede derivar en la suspensión temporal del pago de la pensión. El beneficiario deberá aportar posteriormente la documentación exigida para reactivar el cobro y acreditar que sigue reuniendo los requisitos previstos por la normativa.
Además del certificado de supervivencia, los beneficiarios de pensiones no contributivas deben presentar cada año la declaración de ingresos para que la Administración compruebe que continúan cumpliendo los límites económicos exigidos para percibir la prestación. Ambos controles buscan garantizar el correcto destino de los recursos públicos y evitar pagos indebidos.
