El Gobierno implantará en abril la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados de la Administración General del Estado. El acuerdo fue firmado este viernes por UGT, CCOO y CSIF, y se aplicará en todos los ámbitos de la AGE, incluidas empresas y organismos públicos. La medida llega con casi tres años de retraso respecto al compromiso original. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirmó que la Administración General del Estado aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril. El Ministerio de Función Pública publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días. Desde Función Pública estiman que esta medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y recalcan que su implantación se hará garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía. Desde CSIF, el número asciende a 246.500 personas. Con el acuerdo, también se adaptarán las jornadas en régimen de especial dedicación: los empleados que trabajen 40 horas pasarán a hacerlo 37 horas y media. Las jornadas y horarios especiales se adaptarán a través de la negociación en los ámbitos correspondientes, incluido el personal de Instituciones Penitenciarias. La medida afecta a los empleados de la Administración General del Estado: ministerios y organismos dependientes del Gobierno central. Quedan excluidos, al menos por ahora, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Actualmente, la jornada semanal es de 37,5 horas, por lo que el recorte supone una reducción de dos horas y media a la semana. Cerca del 90% de la administración local ya tiene implantada la jornada de 35 horas, por lo que esta decisión supone una alineación de la AGE con otras administraciones públicas que ya la aplican. La medida no implica reducción salarial. El Gobierno se comprometió a esta reducción en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2022-2024, firmado junto a los sindicatos. Sin embargo, la activación efectiva no se produjo hasta casi tres años después. En diciembre de 2025, el Ministerio de Función Pública trasladó a los sindicatos la intención de implantar la medida entre febrero y marzo; posteriormente, en enero, se planteó vincularla a los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Finalmente, el horizonte se desplazó hasta este abril. Desde CCOO subrayaron que se mantendrán vigilantes para que la implantación de las 35 horas “no sea una medida electoralista” que pueda comprometer la calidad de los servicios públicos, y reclamaron al Gobierno que negocie “a la mayor brevedad” la Oferta de Empleo Público de 2026.