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La Prestación Universal por Crianza representaría un avance significativo en las políticas de apoyo a las familias en España. El Gobierno hizo oficial la propuesta de esta ayuda, que consiste en una pensión que equivale a 2400 euros al año por menor.
Esta medida, incluida en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada por el Consejo de Ministros, busca abordar el grave problema demográfico que enfrenta el país: la baja natalidad, el envejecimiento poblacional, la independencia tardía de los jóvenes, salarios insuficientes y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.
¿Quiénes podrán cobrar esta ayuda económica?
La Prestación Universal por Crianza se plantea como una ayuda de carácter universal, dirigida a todas las familias con hijos menores de 18 años, sin requisitos de renta ni otras condiciones excluyentes más allá de tener menores a cargo en esa franja de edad.
Con un plan de 200 euros mensuales por familia, sería compatible con otras ayudas estatales y autonómicas ya existentes, lo que permitiría a muchas familias acumular apoyos adicionales.
El objetivo principal es fomentar la natalidad, mejorar la conciliación y reducir de forma notable la pobreza infantil, que afecta actualmente a un porcentaje elevado de menores.
¿Cuándo podría aprobarse esta prestación universal?
A pesar del anuncio oficial, la medida se configura como un objetivo político y estratégico dentro del Proyecto de Ley de Familias en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 para crear la Prestación Universal.
Actualmente, no está en vigor ni cuenta con fecha concreta de implementación, ya que su despliegue efectivo y universalización plena dependen de un acuerdo presupuestario futuro.
Las familias no pueden solicitarla todavía, pero el Gobierno avanza en su reconocimiento del cuidado infantil como un derecho social y hacia una mayor corresponsabilidad.
La propuesta busca aumentar la natalidad y reducir la pobreza infantil
Según los cálculos oficiales del Ejecutivo, la aplicación plena de esta prestación universal supondría una inversión anual de 19.276 millones de euros, equivalente al 2,76% del gasto público.
Se estima que podría reducir la pobreza extrema infantil hasta en un 8% (seis puntos porcentuales) y bajar el porcentaje de menores en riesgo de pobreza del 29% al 21%.