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El Banco de España lanzó una advertencia que pone en el centro del debate a las pymes y al tejido productivo nacional. En un análisis publicado en su blog, la entidad alertó de que la complejidad normativa en España es "un freno" para el desarrollo empresarial y el crecimiento económico.
El organismo subrayó la necesidad urgente de simplificar las reglas vigentes con el fin de contar con "un marco de actuación más dinámico, eficiente y accesible". Este llamado busca aliviar cargas y promover un entorno en el que las empresas puedan crecer con mayor facilidad, especialmente las más pequeñas.
En 2022 se publicaron 11.775 nuevas disposiciones, un número que refleja la magnitud del problema. Según el Banco de España, esta proliferación normativa responde tanto al carácter descentralizado del Estado como a la transposición de directivas europeas.
La proliferación de normas y su impacto en la economía
La institución advierte que la heterogeneidad normativa es una barrera evidente para los negocios. Tal como señala el informe, se trata de un entramado regulador que "se traduce en diferencias significativas en los requisitos legales y administrativos para las empresas según dónde y en qué sector operan".
El resultado es un incremento de los costos administrativos y una disminución de la claridad en las reglas de juego. El propio Banco de España reconoce que este escenario "eleva costes y dificulta el emprendimiento", una situación que puede desalentar la creación de nuevas compañías.
El problema no se limita a los trámites iniciales de los proyectos. También condiciona la expansión territorial de las empresas y limita la eficiencia del mercado interior, donde conviven normativas distintas según la comunidad autónoma.
Las pymes, las más afectadas por la regulación
El Banco de España hace hincapié en la vulnerabilidad de las pequeñas empresas frente al exceso de normas. En su análisis sostiene que "son las más sensibles al aumento de la normativa" porque tienen "menos capacidad para absorber los costes de cumplimiento".
La entidad aporta cifras concretas que reflejan la magnitud del impacto. Según sus cálculos, "un aumento del 10 % en el volumen de regulación provoca una caída del 0,5 % en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores".
Este escenario refleja cómo la sobrerregulación limita el crecimiento de las pymes, que representan más del 90 % del tejido empresarial español. Además, la dispersión normativa en cada comunidad autónoma "puede aumentar los costes de cumplimiento para las empresas, dificultar la expansión territorial y reducir la eficiencia del mercado interior".
El reto: una regulación clara, coordinada y eficiente
El informe publicado por el Banco de España plantea una solución clara: mejorar el diseño regulador. Según el organismo, el objetivo no debe ser reducir el número de normas, sino garantizar que estén "mejor diseñadas, más clara y más coordinadas".
Con este enfoque, se busca aliviar los costos actuales y al mismo tiempo facilitar "la entrada de nuevas empresas y emprendedores y el crecimiento de proyectos innovadores".
El autor del artículo, Juan S. Mora-Sanguinetti, concluye que "avanzar hacia un entorno regulatorio más eficiente puede contribuir a mejorar la productividad, la competitividad y el bienestar económico general".
El desafío de España está en encontrar un equilibrio: mantener la seguridad jurídica necesaria, pero con un marco regulatorio simplificado que favorezca la creación de empleo, el emprendimiento y la competitividad internacional.
