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La Unión Europea decidió acelerar medidas para frenar el impacto del comercio online de bajo valor que ingresa desde fuera del bloque. El crecimiento exponencial de envíos baratos, principalmente desde China, encendió alarmas por controles aduaneros, competencia desleal y riesgos para consumidores y fabricantes locales.
En ese contexto, los Veintisiete acordaron un mecanismo transitorio que comenzará a aplicarse en 2026.
Desde Bruselas, la decisión apunta a responder a un fenómeno que ya mueve miles de millones de paquetes por año y que, según los gobiernos europeos, desborda la capacidad de control actual.
La nueva tasa busca ganar tiempo hasta que entre en funcionamiento el sistema definitivo de control aduanero previsto por la UE.
La UE aplicará una tasa de 3 euros a los paquetes de bajo valor
Los países de la Unión Europea acordaron imponer una tasa de tres euros a partir del 1 de julio de 2026 a los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque, en especial desde China y a través de plataformas de comercio online como Temu o Shein.
El objetivo es frenar la avalancha de envíos, que “se han triplicado desde 2022 hasta los 4600 millones de paquetes en 2024”, una dinámica que dificulta los controles aduaneros y favorece la entrada de productos que no cumplen las normas comunitarias.
Los ministros de Economía y Finanzas coincidieron en que la situación genera “una competencia desleal para los fabricantes comunitarios” y un riesgo creciente para los consumidores europeos.
Cómo funcionará la tasa y a qué envíos se aplicará
Según precisaron fuentes europeas, “se cobrará una tasa de tres euros por cada categoría de artículo que venga en el paquete, independientemente del número de unidades”. El criterio no se basa en la cantidad, sino en el tipo de producto incluido.
Esto implica que “si el envío contiene diez camisetas, se pagarán tres euros; pero si contiene una camiseta y un par de calcetines, se pagarán seis euros”, al tratarse de categorías diferentes.
La tasa se aplicará a mercancías procedentes de vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única europea del IVA para importaciones, por lo que cubrirá “el 93 % de todos los flujos de comercio en línea hacia la UE”, según explicó el Consejo de la UE.
Una solución transitoria ante un problema urgente
La UE ya había acordado eliminar la exención de derechos de aduana para paquetes de menos de 150 euros, vigente desde 1983. Sin embargo, esa reforma plena no entrará en vigor hasta 2028, cuando funcione el centro de datos unificado.
Para los Estados miembros, ese plazo era excesivo. Por eso pactaron este mecanismo temporal que permitirá gravar los paquetes desde julio de 2026, mientras se prepara el sistema definitivo.
“Es una solución rápida que era necesaria porque muchos Estados están viendo comercios locales cerrar por las grandes cantidades de importaciones de bajo coste sin derechos de aduana, especialmente desde China”, afirmó la ministra de Finanzas danesa, Stephanie Lose.
Apoyos políticos y foco en China
Francia fue uno de los principales impulsores de la tasa fija. “Es una gran victoria para la Unión Europea. Europa actúa concretamente para proteger su mercado único, a sus consumidores y su soberanía”, celebró el ministro francés de Economía, Roland Lescure.
El funcionario recordó que su país prevé aplicar además una tasa nacional de gestión de dos euros, que podría sumarse a la europea si recibe aval parlamentario.
En la misma línea, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, expresó su apoyo a adelantar el gravamen para “controlar el flujo de este tipo de productos”.
Riesgos para consumidores, industria y medio ambiente
La Comisión Europea calcula que “un 91% de los 12 millones de paquetes de menos de 150 euros que llegan diariamente a la UE proceden de China”. El aumento se atribuye al “crecimiento exponencial” de plataformas como Temu o Shein.
Las instituciones advierten que esta llegada masiva eleva el riesgo de productos falsificados o inseguros, distorsiona la competencia con fabricantes europeos y perjudica al medio ambiente.
Además, señalan que el modelo actual “se presta al fraude” y dificulta la aplicación equitativa de impuestos y normas comunitarias.
