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Una propietaria de 86 años pasó 26 meses sin cobrar el alquiler de su vivienda, pese a haber iniciado todas las acciones legales pertinentes para desalojar a su inquilina. Debido a las pérdidas económicas que sufrió, la señora reclama un total de 40.320 euros.
De ese monto, 9.331 euros son exigidos directamente a la administración por la demora en ejecutar el desahucio. Todo comenzó en abril de 2023, la propietaria francesa firmó un contrato de arrendamiento con una joven para alquilar su apartamento en París por una renta mensual de 1350 euros.
Según informa el medio local especializado Figaro Inmobiler, durante los primeros meses los pagos se hicieron con regularidad, pero a partir del cuarto mes la inquilina dejó de pagar sin previo aviso. La anciana envió a su inquilina numerosos requerimientos formales de pago, pero no recibió respuesta. En octubre de 2023 emitió un requerimiento final invocando la cláusula de rescisión del contrato por impago.
¿Por qué no se pudo realizar el desahucio solicitado por la jubilada de 86 años?
La cláusula de rescisión entró en vigor en diciembre de 2023, y el contrato quedó formalmente rescindido. Sin embargo, la inquilina continuó ocupando la vivienda sin título ni derecho legal, acumulando más de 9.600 euros en alquileres impagos en ese momento.
Una vez que el contrato estaba rescindido, la propietaria tenía derecho a solicitar el desalojo. Sin embargo, la ejecución práctica se demoró en distintas instancias. El primer problema fue la moratoria invernal de desahucios, que en Francia, impide ejecutar órdenes de expulsión a residentes sin alternativas habitacionales durante los meses de frío. Esto hizo que se tuviera que esperar hasta abril de 2024.
Para ese momento, la propietaria se topó con otro obstáculo, ya que la policía se negó a proporcionar apoyo policial, que es un requisito legal para llevar a cabo el desahucio en Francia. La negativa se basó en el hecho de que la inquilina tenía hijos y no disponía de una vivienda alternativa, por lo que las autoridades consideraron imposible proceder sin un plan de reubicación.
La abogada de la señora remarcó que, en este punto, su representada se encontraba en una especie de limbo legal. La sentencia de desalojo existía, pero no podía ejecutarse por falta de apoyo de las fuerzas del orden. Esta situación prolongó la ocupación sin derecho.
El reclamo de indemnización de la propietaria de 86 años al Gobierno
En julio de 2025 la propietaria decidió iniciar acciones legales contra la administración francesa. Para esto se basó en el Código de Procedimientos de Ejecución Civil, que obliga al Estado a asistir en la ejecución de sentencias ejecutorias. La negativa de la administración a proporcionar esa asistencia puede dar derecho a indemnización por los daños causados.
Finalmente, el desahucio se realizó en octubre del año pasado, nueve días antes del inicio de una nueva moratoria invernal. Actualmente, la inquilina se encuentra alojada en un hotel social, mientras que el retraso en ejecutar la orden dejó a la propietaria sin cobrar durante más de dos años.
En total, la propietaria se acumula una deuda de 40.320 euros por el impago durante 26 meses de ocupación sin pagar. Aunque la abogada no espera que se pueda recuperar toda esa cantidad, espera al menos poder obtener la indemnización de la administración de 9.331 euros.
